Las autoridades de Coahuila conocían que el cártel de Los Zetas usaba instalaciones públicas como la cárcel del municipio Piedras Negras para acometer asesinatos, torturas y otras actividades criminales, reveló hoy un informe.
"Lo que ocurría en ese penal era un campo de exterminio subsidiado por el estado a solo 6 kilómetros de la frontera con EU", explicó Jacobo Dayán, uno de los autores de "El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011", presentado hoy en la Ciudad de México y que señala la "responsabilidad por acción u omisión" de funcionarios estatales en esos crímenes.
Los hechos se remontan a 2010, cuando la cárcel mencionada se encontraba bajo el control total de Los Zetas, que sometían al resto de presos a su voluntad, decidían horarios de visita, comerciaban con droga, reclutaban sicarios y salían de la prisión cuando así lo deseaban.
"Quienes violaban sus normas eran torturados en la zona de máxima seguridad del penal", aseguró Dayán, quien afirmó que tanto reclusos como habitantes de las zonas aledañas eran asesinados y quemados dentro de la cárcel o en instalaciones públicas cercanas como un basurero municipal o un campo de fútbol.
Otro de los autores del informe, Sergio Aguayo, aseguró que el Gobierno de Coahuila, "protegía la prisión y no dejaba entrar al Gobierno federal sin el permiso del director del centro, que era nombrado por Los Zetas".
Asimismo, el informe investiga la ola de violencia desatada por los Zetas en Piedras Negras, Allende y otros municipios del norte de Coahuila entre el 18 y el 21 de marzo de 2011, que se cobró la vida de decenas de personas -no existen cifras oficiales- y fue silenciada por las autoridades del estado.
Involucran hasta autoridades de EU
Según la investigación, Estados Unidos tuvo responsabilidad en esta ola de violencia puesto que alguien del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a la cúpula de Los Zetas que habían sido delatados por un lugarteniente de Coahuila.
Como venganza, la agrupación asesinó en la región a hombres, mujeres y niños. Las autoridades de Coahuila tuvieron conocimiento de ello, puesto que recibieron 100 llamadas reportando incendios, muchos de ellos fruto de la quema de personas, señala el informe.
Tanto las ejecuciones en el penal como la violencia desatada en la región demuestran que lo que vivió el norte de Coahuila entre 2010 y 2011 "no fueron hechos aislados, sino una red de crimen organizado" de la que "funcionarios del estado hicieron caso omiso", concluyeron los autores.
Violación a derechos humanos
El actual responsable de derechos humanos de Coahuila, Federico Garza, sostuvo que el Ejecutivo del estado ha investigado los hechos durante los últimos seis años y recordó que, en la actualidad, la prisión de Piedras Negras tiene la tercera mejor puntuación de todo México.
Sin embargo, muchos de los procesos penales derivados del crimen organizado durante aquellos años "están contaminados de múltiples errores", denunció Ariana García, miembro de la Asociación Familias Unidas.
El estado de Coahuila no participó en el auxilio de las familias y entregó actas de defunción con errores de identificación, denunció. Por ello, García expresó la necesidad de que el Gobierno federal asuma la investigación y haga pagar a "los que no cumplieron con su deber de proteger a los ciudadanos".
Un estudio de la Universidad de Texas denunció hace dos semanas que los estrechos vínculos entre el cártel de Los Zetas y funcionarios de Coahuila facilitaron la violación y abusos a derechos humanos.
Formado en 1999 con militares desertores, Los Zetas nacieron como un brazo armado del Cártel del Golfo, pero en marzo de 2010 rompieron con esa organización y desde entonces han perpetrado numerosas matanzas en su lucha por ganar territorios.
Entre ellas, la masacre de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, en agosto de 2010 y el asesinato en 2011 de 27 campesinos en la región guatemalteca de Petén.
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