Las mujeres torturadas por policías en el municipio de Atenco en 2006 reclamaron este jueves al Gobierno de México una nueva investigación que cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre su caso.
"Lo más relevante es iniciar las investigaciones amplias y minuciosas para juzgar y sancionar a los responsables y sus superiores por tortura, tortura sexual y violación", afirmó Bárbara Italia Méndez, una de las mujeres que llevaron el caso Atenco a la Corte hace diez años.
Divulgada el 21 de diciembre pasado por la CorteIDH, la sentencia considera al Estado mexicano como responsable de diversas violaciones de derechos humanos en el caso Atenco y exigiéndole esclarecer, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los hechos.
"No nos conformamos"
Las mujeres de Atenco "buscamos el cumplimiento cabal de la sentencia" y por ello "no nos conformaremos con menos que esto", indicó Méndez al exigir al gobierno tomar acciones que materialicen la sentencia de la CorteIDH.
Para las organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) la sentencia de la CorteIDH "representa el triunfo de la dignidad y la verdad frente a un Estado que las denostó y les negó la justicia" a estas mujeres.
"Es sumamente relevante que estas once valientes mujeres hayan logrado sentar al Estado en el banquillo de una corte internacional y que este les diera la razón", afirmó el Centro Prodh.
La sentencia contiene una serie de puntos clave para guiar la agenda estructural sobre derechos humanos mismas que se deben expresar en políticas públicas, entre ellas la relativa a los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales.
"Tortura, mecanismo de control sobre mujeres"
Este punto fue destacado por el Centro Prodh al sostener que mientras que el Congreso mexicano discute la iniciativa de la Guardia Nacional y la militarización del país, la sentencia reafirma la importancia de democratizar a los cuerpos civiles de seguridad.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) por sus siglas en inglés, subrayó en que esta sentencia marca un precedente regional sobre el rol de las fuerzas de orden y el uso de la tortura sexual como mecanismo de control sobre las mujeres.
El Estado mexicano aceptó la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco ocurrido en 2006 cuando policías del Estado de México desalojaron violentamente un mitín de pobladores durante el que ocurrieron los abusos sexuales denunciados.
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