“Le dispararon a la diputada Gaby”, se oyó la voz en las oficinas de la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos, una que se reprodujo a toda velocidad en cada pasillo y oficina del Poder Legislativo. Mientras Gabriela Marín Sánchez era declarada muerta en el lugar de los hechos, a sólo 10 minutos de la sede del Legislativo, afuera de una farmacia a la que había acudido a comprar algo para su bebé de cuatro meses.
El asesinato de quien era legisladora apenas desde el 15 de julio pasado fue aparentemente planeado con semanas de antelación y se trató de un ataque directo, de acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado, que trata el tema como un feminicidio y tiene como principales hipótesis las relacionadas con la actividad política de la víctima, postulada en 2021 por el Partido Morelos Progresa, uno de los que lograron el registro para contender en la elección de ese año y que estaba formado por exlegisladores que la vox populi local identifica como afines al exgobernador Graco Ramírez Garrido.
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En las boletas de Morelos Progresa aparecieron como candidatos al Congreso algunos notables liderazgos regionales mayormente vinculados con exdiputados aliados con la administración anterior, como Luis Ángel Cisneros Ortiz, Silvia Irra Marín, Enrique Laffitte Bretón, Julio Espín Navarrete, José Manuel Tablas Pimentel (relacionado familiarmente con la diputada asesinada), Hortencia Figueroa Peralta, y, por la vía plurinominal, Roberto Yáñez Moreno (quien fraguó la alianza PSD-PRD en 2018 para impulsar la candidatura de Rodrigo Gayosso a la gubernatura del estado), y Catalina Ríos Núñez.
Pese a que ninguno de los candidatos de mayoría logró el triunfo, el partido obtuvo los votos suficientes para hacerse de una curul de representación proporcional, que fue para Juan José Yáñez Vázquez, tío del entonces exdiputado Roberto Yáñez Moreno. Tras la muerte por enfermedad del legislador, que se había sumado a la bancada del PRI, la curul volvió a estar en disputa y le fue reconocida en un principio Yáñez Moreno, quien estaba inscrito como tercero en el listado de representación proporcional. Gabriela Marín, anotada en la segunda posición, disputó la decisión y obtuvo el fallo favorable de los tribunales electorales y finalmente pudo rendir protesta como diputada dos meses y medio antes de ser asesinada. Su suplente es, por cierto, la esposa de quien fuera su rival en tribunales, Margus Zoraida del Rayo Saucedo, a la sazón vinculada a proceso por fraude procesal y otros delitos por haberse beneficiado de una pensión de forma presuntamente irregular.
Desacuerdos en el Legislativo
La LV Legislatura del estado de Morelos, de la que formaba parte Gabriela Marín, inició sin ella el 1 de septiembre de 2021 y muy pronto empezaron también los problemas. El mismo mes los legisladores plantearon la idea de construir un presupuesto alternativo al del Poder Ejecutivo y aseguraron que su gestión sería municipalista y cercana a los intereses ciudadanos. En noviembre se divulgaron fotografías de diputados y exdiputados con una presunta líder criminal. En diciembre la legislatura se entrampó en la discusión presupuestal: once diputados apoyaban abiertamente un presupuesto alternativo, ocho buscaban aprobar el presupuesto del Ejecutivo, y uno más buscaba una postura intermedia. La crisis legislativa llevó a la ruptura, el arrebato de comisiones a la mayoría de Morena, y la parálisis consecutiva que se mantuvo por casi un año. En ese ambiente ocurrieron la muerte de Juan José Yáñez, el arribo de Roberto, que de inmediato se alineó con el grupo opositor al gobierno estatal, y posteriormente la toma de protesta de Gabriela Marín.
Por eso no era extraña la especulación sobre hacia dónde se cargaría la nueva diputada que, para empezar, revivió a Morelos Progresa en el Congreso. La legisladora advirtió de inicio que no estaría alineada acríticamente a ninguno de los fragmentos del Congreso, no obstante, se acercó al G11 que con la adhesión de tres diputados de Morena logró los votos suficientes para construir la mayoría legislativa mínima para aprobar leyes y determinar nombramientos, pero también destituciones y juicios políticos en contra de funcionarios sujetos al procedimiento. En esas condiciones la pérdida de cualquier voto resultaría en un nuevo freno a la tarea legislativa. Con el asesinato de Gabriela Marín, el recién inaugurado G14, pierde en automático la incuestionable mayoría calificada en el Congreso por lo menos mientras se define jurídicamente la sustitución. De mantenerse la situación por un largo período, las determinaciones del Congreso podrían ser mucho más lentas y rebatidas en tribunales.
Van cinco asesinatos de políticos en 2022
El de la diputada Gabriela Marín es el quinto asesinato de personajes involucrados en la política en lo que va del año.
El once de enero fue ultimado a balazos el alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, Benjamín López Palacio. A sólo diez días de haber iniciado su gestión el edil fue baleado en su domicilio por un grupo armado. La principal línea de investigación en el caso fue también la actividad política del alcalde, que había logrado el cargo después de pelear en tribunales.
El 15 de marzo, en el mismo municipio, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, secretario del concejo municipal también fue ultimado en la calle cinco de mayo, a escasos metros de sus oficinas. La Fiscalía tampoco descartó la actividad política como móvil del homicidio.
El 25 de agosto, el empresario Carlos Benítez Sánchez, conocido como Bildmart, fue atacado a balazos en una de las principales avenidas de Cuautla y falleció la madrugada siguiente. La víctima había sido candidato a la alcaldía en las elecciones del 2021 por el Partido Social Demócrata y había denunciado previamente amenazas por lo que contaba con protección policiaca de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dos de esos escoltas también murieron en el sitio.
Apenas nueve días después, en Yecapixtla, el exalcalde Refugio Amaro fue ultimado a balazos en un ataque armado contra varias personas en una cancha deportiva después de un torneo de futbol. En los hechos resultaron muertas otras tres personas y un número indeterminado de heridas.
Los contabilizados forman parte de los más de 700 asesinatos cometidos en el estado en lo que va del año, cifra que supera a la del mismo período del 2021. En el conteo del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se reconocía hasta agosto sólo 23 feminicidios, aunque el Fiscal, Uriel Carmona Gándara, ha adelantado que el caso de Gabriela Marín será tratado como tal.
Frecuentes, denuncias de violencia política de género
Las denuncias de violencia política contra mujeres en Morelos son frecuentes, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos han llegado muchos casos que incluyen principalmente a síndicas y regidoras. Aunque no todos terminan siendo validados por la autoridad jurisdiccional, se ha sancionado y anotado en el registro de agresores que lleva el INE a por lo menos tres políticos morelenses.
De acuerdo con el Observatorio de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres, hasta ahora cuatro mujeres dedicadas a la actividad en el estado han denunciado amenazas, aunque las trabas para ejercer su actividad son múltiples, entre ellas la no convocatoria a reuniones, el no asignarles oficinas, presupuestos o equipos para trabajar y, como en otros ambientes laborales, el acoso y hostigamiento es frecuente.
Para el Instituto de la Mujer de Morelos, “a medida que aumenta la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, aumenta el riesgo que no debe de ser el costo que debemos de pagar por ejercer nuestros derechos políticos”. La recién designada directora del organismo, Guadalupe Isela Chávez Cardoso, condenó el clima de violencia en el estado en donde la población ha perdido la tranquilidad para transitar por el estado y recordó que el crimen se perpetró en un estado con Alerta de Violencia de Género, y acusó al hecho de acto de misoginia y una forma “en que el patriarcado se manifiesta ante el avance de las mujeres en los espacios estratégicos de toma de decisiones”.
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