Luego de que hayan transcurrido casi 4 años desde que el gobierno estatal interpuso denuncias contra ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por la adquisición de plantas de valorización que nunca funcionaron, finalmente un juez de control decidió vincular a proceso a tres de ellos; de acuerdo a la denuncia el Ejecutivo pagó más de 14 millones de pesos en este equipo que nunca se utilizó y, según el actual secretario José Luis Galindo Cortés, han sido bandalizadas.
Se trata de Topiltzin “N”, exsecretario de Desarrollo Sustentable de Morelos; José Iván “N”, exsubsecretario de Gestión Ambiental Sustentable; y Noé “N”, exdirector General de Gestión Ambiental, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público. Para continuar con el proceso se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación. Estos mismos están relacionados con otros delitos de este tipo que en suma rebasan los 100 millones de pesos en afectaciones al gobierno estatal.
“Presuntamente el 29 de Noviembre de 2016, los tres imputados firmaron la acta de entrega física y formal de una planta de valorización de residuos sólidos en el municipio de Tlaltizapán, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A de C.V (FADIM), en tanto, el 19 de octubre de 2018 hicieron una tercera visita, sin advertir las deficiencias de la misma”, dice el comunicado de la Fiscalía Anticorrupción.
La omisión en que incurrieron los ex funcionarios fue en detrimento del erario público por el orden de los 14.3 millones de pesos; otros 39.5 millones de pesos por otra planta de valorización, por la también fueron vinculados a proceso; que se suman a otras dos plantas ubicadas en Yautepec, y Jiutepec, por el orden de los 13.8 millones de pesos, y 34 millones de pesos, respectivamente.
Por su parte, el actual secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés, aceptó que actualmente estas plantas de valorización, que originalmente serían usadas para la separación y tratamiento de residuos sólidos, no están siendo usadas e incluso han sido saqueadas por delincuentes.
“Fueron aproximadamente 130 millones de pesos invertidos en 4 plantas que no se justifican, es una ofensa a la ciudadanía, al erario público porque no tuvieron un solo beneficio. Pedimos el auxilio de las autoridades municipales y de la CES para que nos ayudaran a cuidar lo que quedaba de ello, porque antes de que un servidor llegara hubo robos”.
Una vez que concluya el proceso jurídico, el gobierno estatal entregará a los municipios las plantas para su resguardo y utilización pues siguen siendo costosas para ambos debido a que deben designar elementos que las cuiden.
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