Para Claudia Jiménez Santiago, representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, el caso de las dos niñas mexicano-israelí que pretenden ser llevadas al Medio Oriente por su padre, en lo que podría ser un caso más de corrupción en los juzgados familiares de Morelos, es un claro ejemplo de violencia vicaria.
“Es muy deplorable la participación del Tribunal en su complicidad hacia los agresores, en el encubrimiento de estos y en la destrucción de la salud emocional de las madres; o sea a parte de ls proceso que estamos pasando por la ausencia de nuestros hijos, tenemos que enfrentar procesos de guardia y custodia en donde parece que los jueces, lo único que pretenden es quebrantara la familia así como el estado de emocional de las madres e hijos”, mencionó.
Mientras que, los especialistas gubernamentales que existen en nuestro país para la aplicación de leyes Internacionales, saben mucha teoría, pero poca práctica, mencionó Claudia, quien destacó que se necesita de una mejor defensa para las mujeres en México.
Para el caso de las niñas que querían ser llevadas a Israel, lamentó que “el padre mencionó haya gastado tres millones de pesos en el proceso de custodia. No sabemos de qué manera se lleva a cabo tal corrupción y me parece que hace falta responsabilidad de los servidores públicos de los cargos que ocupan”, porque además agregó que encima de todo, debe pensión alimenticia.
'Fue omisa jueza'
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos, Raúl Hernández Cruz, aseveró que en este tipo de casos los jueces deben de analizar todas las posibles consecuencias de tomar una decisión como la hecha por la juzgadora que resolvió este asunto.
“Con independencia de que derive de un ordenamiento internacional de restitución de menores, como en cualquier otro procedimiento, por ejemplo una extradición, los jueces que son requeridos en este auxilio internacional, los jueces no son simples espectadores, no nada más hacen un trámite de firma, deben de respetar estos derechos”, aseveró.
Para el ombudsperson, la impartidora de justicia pasó por alto los derechos de estas dos menores, por lo que ahora se exige a las autoridades judiciales que se salvaguarde su integridad, ya que ahora mismo se desconoce su paradero, mencionó.
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