El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) del estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, promovió un juicio de amparo para evitar que se cumplimente alguna orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, hasta el momento no han sido revelados detalles sobre alguna orden de aprehensión que pese en contra del encargado de la seguridad pública en el estado.
De acuerdo con la lista de acuerdos publicada por el Poder Judicial de la Federación, particularmente la que emite el Juzgado Quinto de Distrito, se encuentra asentada la resolución bajo el número de expedienteo 857/2024, en la cual aparece el nombre del jefe policiaco de la entidad y mismo que fue admitido para su resolución.
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“Es legalmente factible conceder la suspensión solicitada por el quejoso **** (José Antonio Ortiz Guarneros), para el efecto de que no se le prive de la libertad, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva”, señala la síntesis.
Desde el 15 de abril de 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a Ortiz Guarneros luego de una denuncia interpuesta por la candidata a la gubernatura Lucía Meza Guzmán por delitos electorales y peculado.
Asimismo, en semanas recientes, agentes de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de personas acudieron a las instalaciones de la CES en Torre Morelos, en el municipio de Xochitepec, para tomar la declaración del jefe policiaco de la entidad, luego de las declaraciones que emitió sobre la desaparición del obispo Salvador Rangel Mendoza a principios del mes de mayo.
En ese entonces, Ortiz Guarneros dijo que el obispo había entrado por voluntad propia a un motel ubicado en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, en compañía de otro hombre.
“Hasta dónde sabemos entró voluntariamente al hotel con una persona de su mismo sexo y esa persona después se reiteró, pero es todo lo que sabemos. Fuimos a pedir información, pero ya había llegado la Fiscalía”, declaró el pasado 2 de mayo en un evento cívico realizado en el municipio de Cuautla, Morelos.
Dichas declaraciones podrían constituir en delitos como violación a la intimidad personal, revelación o aprovechamiento de secreto, e incluso delitos contra la procuración y administración de justicia, que podrían derivar en multas económicas y hasta 6 meses u 8 años de cárcel.
