Instauran protocolo de seguridad para jueces y juezas del estado de Morelos, luego que recientemente en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) recibieron más de 40 llamadas, presuntamente de integrantes del crimen organizado, haciéndose pasar por funcionarios de otros estados, indicó el magistrado presidente, Jorge Gamboa Olea.
Hasta el momento, documentaron cuatro casos de este estilo e interpusieron una denuncia ante la la Fiscalía General del Estado (FGE), además de solicitar el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para dar acompañamiento a los trabajadores.
Gamboa Olea manifestó que sobre el tema laboral, el cual mantiene una fuerte carga, integrantes del crimen organizado no permiten notificar, ya que amenazan a actuarios particularmente de Cuautla.
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Respecto a las llamadas, el magistrado presidente compartió que fueron al menos 43 y se hicieron directamente a los juzgados, y su modus operandi consiste en hacerse pasar por funcionarios de otros estados para solicitar nombres completos e incluso números telefónicos de trabajadores de la entidad.
“Hoy los tiempos han cambiado, realmente hay temas que nosotros tenemos que estar atendiendo en materia de protocolo de seguridad, afortunadamente se han quedado en eso, yo no quisiera hacerlo de una manera de intimidación, sino al contrario, de prevención”, manifestó Gamboa Olea.
Agregó: “Recibimos aproximadamente 43 llamadas en diferentes juzgados, pidiendo los nombres de los titulares, los teléfonos de los titulares y hablando que se trata del crimen organizado y pues estamos nosotros ya en alerta, pero también estamos trabajando y los jueces ya pronto recibirán un protocolo especializado para este tipo de llamadas”.
La situación en Cuautla, es aún más aguda ya que los actuarios son directamente amenazados con sufrir represalias si notifican los hechos.
“Nosotros estamos insistiendo mucho en las condiciones, Cuautla tiene un tema muy particular, Cuautla incluso han sido víctima de amenazas del crimen organizado. No dejan que nuestros actuarios vayan a notificar porque los intimidan con hacerles daño si es que van a notificar".
La consecuencia de estos actos es el atraso en diversos asuntos, ya que la carga laboral aumentó hasta un 70 por ciento.
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