Efraín Márquez Duran, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del estado, cuestionó "si el fiscal general Uriel Carmona Gándara se atreve a hacer pronunciamientos en contra de los magistrados y de los jueces sobre posibles actos de corrupción, por qué no hacer una investigación de los casos específicos que han sido señalados, publicados ante la sociedad, que son de dominio común de presuntos hechos de corrupción de sus colaboradores", además agregó, "esta manifestación, este pronunciamiento, consideramos que es un acto de intimidación, es un acto de coacción que ejerce en contra de la autoridad judicial para el efecto de que ellos puedan emitir resoluciones a conveniencia de la Fiscalía".
El abogado insistió sobre los casos de corrupción señalados a personal de la Fiscalía General y dijo que el fiscal tiene que tomar esas acciones en contra de su personal, "no agarrar y repartir la responsabilidad con magistrados y jueces, o evadirla y hacer omisión a esa información que sí es relevante".
Anunció que por ciertas ilicitudes en cuestiones de investigación, ya se están documentando varios casos sobre algunas cuestiones de cateos.
Destacó que el fiscal general destituyó a casi 200 elementos por presuntos actos de corrupción o ilícitos, por lo que lo cuestionó, "vamos a ver si él está favoreciendo obviamente a ciertas personas o solo los despidió, o si están generando una investigación en contra de éstas que están implicadas en delitos, porque esto es una obligación de él que le asigna la ley orgánica de la propia Fiscalía General, por acción o por omisión, lo que implicaría para él una sanción al no estar cumpliendo con sus funciones y esa es parte de una deficiencia que está generando Uriel Carmona".
Por ello, exigió que en estos casos de los ex funcionarios cesados, sea investigado de qué se trato ese acto de corrupción y consignarlos a la autoridad competente para que se inicie acción penal en contra de esas personas.
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