Penélope Picazo Hernández, comisionada estatal de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) del delito en Morelos, presentó una denuncia de hechos contra exfuncionarios del área jurídica de esa institución por ejercicio indebido de funciones y cohecho, bajo el expediente FECC/34/2022, debido a que durante la administración pasada pidieron “moches” a los ciudadanos para entregarles apoyos económicos que brinda esa institución.
En el acceso a la Fiscalía Anticorrupción, detalló que esta querella tiene testimonios y pruebas de cinco personas que cayeron en esas condicionantes de los exservidores públicos.
Agregó que los afectados se animaron a presentar cargos a pesar del miedo a represalias que tuvieron, sin embargo, afirmó que esos funcionarios ya no laboran para la CEARV.
“La mayoría de las veces les pedían la mitad, en otras solo un porcentaje de todos los recursos que se generaban; desde gastos de defunción hasta la reparación integral. Esta denuncia va en contra de quien resulte responsable y será la autoridad la que determine contra quién se ejerce acciones”, detalló al ser cuestionada sobre si su antecesora, Nadxielli Carranco Lechuga, está señalada en las denuncias.
Por ahora no existe un señalamiento directo contra Carranco Lechuga pero no se descarta que pudiera estar entre las personas que actuaron de forma irregular, pues además de los exfuncionarios señalados existen otros que las víctimas describieron pero no identificaron.
Así que será la Fiscalía Anticorrupción la encargada de averiguar el número total de la red de corrupción que se gestó durante la pasada administración.
Modus operandi
Picazo Hernández reveló que las cantidades no son bajas, pues en algunas ocasiones las reparaciones ascendían a 700 mil pesos y era entonces cuando los exfuncionarios pedían la mitad del recurso a cambio de facilitarles el trámite.
“Primero les decían que la reparación iba a ser más baja, de 250, pero que si esos servidores los ayudaban, porque ellos tenían toda la documentación, les iba a salir de 350 mil pesos para ellos y 350 mil pesos para la víctima. Esta denuncia que presentamos va en contra de tres o cuatro exfuncionarios”, aseguró.
No obstante, se cree que podría existir un mayor número de denuncias, pues se estima que existieron más trámites por los que estos exservidores públicos cobraron a los ciudadanos.
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