A través de un comunicado firmado por más de 60 organizaciones, se solicitó de manera urgente atender la situación del Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 (Cefereso) con sede en Michapa, Coatlán del Río.
Ya que en menos de tres años se registraron al menos 15 muertes de mujeres, considerados por las autoridades como suicidios. Las organizaciones civiles exigen investigar de forma exhaustiva y urgente los casos, con el objetivo de garantizar la integridad y protección de la vida de las personas privadas de su libertad.
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"La repetición de estos incidentes muestra una grave falla sistemática en la supervisión y el cuidado de las mujeres privadas de libertad, lo que demanda una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades".
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Los casos más recientes se registraron el 30 de mayo y 20 de junio de 2024, los cuales fueron documentados por el Instituto Nacional de la Defensoría Pública (INDP).
Las organizaciones civiles señalaron la falta de acciones por parte de las autoridades para prevenir que ocurran estos hechos, además de que subrayaron las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en el centro penitenciario
"Esta falta de acción por parte de otras autoridades responsables subraya la urgencia de una intervención robusta y coordinada para abordar esta crisis humanitaria y asegurar que no se pierdan más vidas bajo la custodia estatal".
Lo anterior, se ha visto reflejado en informes y recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura.
"Estos informes y recomendaciones han documentado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos dentro del Cefereso 16, incluyendo negligencia en la atención médica, falta de protocolos adecuados para la prevención del suicidio y condiciones de detención inhumanas".
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El 42% de las mujeres que se encuentran recluidas están bajo la medida cautelar de prisión preventiva, lo que consideraron como un uso excesivo de esta.
"La necesidad de tomar acciones URGENTES y EFECTIVAS por parte de todas las autoridades coresponsables, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Morelos, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género".
De igual forma manifestaron que es necesaria la intervención técnica de organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos para garantizar la imparcialidad y efectividad de las medidas adoptadas.
Entre sus demandas, están:
- Inicio URGENTE de una mesa técnica pública y permanente entre autoridades coresponsables, autoridades de justicia, sociedad civil, personas expertas, organismos internacionales y personas familiares para diseñar un plan urgente de transición. Esta mesa tendrá como objetivo: 1) salvaguardar la integridad y vida de las mujeres que se encuentran en el Cefereso 16, y 2) crear una ruta crítica para el cierre del centro penitenciario.
- Entrega de información pública sobre los procesos de justicia para las 15 mujeres que han perdido la vida en manos del Estado. Donde se muestre el plan de investigación de las muertes en custodia, los resultados de las mismas y los avances en la imputación de responsables.
- Informe sobre el estatus de salud e integridad de las mujeres privadas de la libertad: nombre de medicamentos suministrados y su dotación, así como una explicación detallada de los diagnósticos. Atención médica y servicios médicos generales y especializados, de calidad suficiente, continuos y permanentes para las mujeres privadas de la libertad.
- Reparación del daño de todo acto de violencia, tortura o malos tratos cometido contra las mujeres privadas de libertad, así como a sus familiares que han sido víctimas de la violencia institucional.
- Garantizar la pronta liberación de las mujeres privadas de la libertad con prisión preventiva oficiosa, la cual resulta contraria a varios derechos establecidos en la Convención Americana: el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24).
- Otorgamiento de medidas alternativas a la prisión, y una política pública en materia de reinserción social con perspectiva de género.
