Morelos se ubicó como el segundo peor estado en impartición de justicia tras el último estudio realizado por el World Justice Project (WJP). En dicho informe la entidad únicamente está por encima de Guerrero.
Por si fuera poco, este 2023 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) recibió un presupuesto de 829 millones de pesos, lo cual lo colocó en el sitio 13 a nivel nacional con mayores recursos para ejercer.
Es decir, a cada morelense el Poder Judicial le cuesta 421 pesos, aun cuando los resultados dejen mucho que desear. Esto sumado a la división en el pleno que se registró en los últimos meses previo a la salida de siete magistradas y magistrados que cumplieron los 14 años que marca la ley para estar en el cargo.
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A esto se le añade la renovación de siete vacantes del pleno del TSJ y tres más para una sala en el municipio de Cuautla, las cuales están en puerta por decidirse por las y los integrantes de la 55 legislatura Congreso del Estado.
El estudio realizado por WJP revela, en todos los aspectos referidos, que la justicia penal de Morelos se mantuvo con puntos débiles de una medición de cero a 1.0.
En el apartado El sistema de justicia penal es imparcial, independiente y está libre de corrupción, la entidad tuvo apenas una calificación de 0.23, misma puntación que obtuvo en Los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces, es decir, muy por debajo de la media.
Al respecto, el abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado dijo que Morelos antes tenía uno de los mejores sistemas de justicia penal, y hoy es lo contrario.
“Estamos en los últimos lugares de justicia penal, no lo digo yo, hay medidores internacionales y me da mucha tristeza que Morelos fue de los primeros lugares hace 15 años; de aquí salieron juristas importantes, quienes están en altos niveles de popularidad y han dignificado al estado, pero después de todo estamos muy abajo, pésimamente calificados en esta materia”, externó a El Sol de Cuernavaca. Agregó: "Duele, a mí en lo personal me duele, pues fui uno de los pioneros y tomé el proyecto de justicia oral y penal en el hombro y lo impulsé".
Sin embargo, dijo que quien esté en turno en el TSJ debe tomar la batuta y sumarse los abogados y, por supuesto, el titular de la Fiscalía General del Estado como parte importante de este sistema.
No obstante, el TSJ ha estado últimamente en el ojo del huracán luego de que un grupo de ocho magistrados solicitaron la renuncia del actual presidente Luis Jorge Gamboa Olea para realizar los cambios en la estructura, los cuales se aprobarían en sesión de pleno y estaban marcados en el orden del día
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La jugada de Gamboa Olea fue solicitar amparo ante la justicia federal, que le otorgó una suspensión para evitar que se tocara dicho punto y poder seguir con su periodo de dos años.
Asimismo, en julio pasado cinco magistrados y magistradas terminaron su periodo en la institución, y tras esto Carlos Iván Arenas Ángeles denunció al magistrado presidente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque presuntamente intentó hacerle cambiar el sentido de su voto en dos casos, uno en el que involucra a servidores públicos y otro relacionado con Luis Alberto alias “El Diablo”, detenido y acusado de un triple homicidio, pero dejado en libertad días después de su aprehensión.
Ante esto, Sotelo Salgado hizo un llamado a las y los magistrados para mejorar la impartición de justicia en lugar de armar peleas: “Yo francamente estuve muy molesto con las actitudes de los magistrados del Tribunal, porque probablemente existía causa para remover a Jorge o probablemente no, pero las cosas tienen que arreglarse internamente antes de salir a la luz pública porque mandan un mensaje de falta de credibilidad a la institución”.
Una vez que se fueron las y los magistrados quedaron siete vacantes, pues dos estaban desde hace tiempo acéfalas, pero con únicamente 12 magistrados la impartición de justicia iba a sufrir un retraso aún mayor del que actualmente tiene.
Otro de los pendientes es la digitalización del sistema penal, a pesar de ser uno de los cambios prometidos en el estado.
Abogados, como en el caso de Ricardo Popoca González, director general del Consejo Estatal de Abogados, manifestó que existen muchas carencias dentro del TSJ, además del rezago, pues actualmente tienen audiencias retrasadas hasta por cinco meses.
“El Tribunal tiene muchas carencias, se lo hemos dicho muchas veces al presidente del Tribunal y le hemos dicho que hay mucho rezago, no se están dando las condiciones, hay audiencias que nos están señalando para enero o de 3 a 5 meses”, externó.
De igual forma, ante el nombramiento en puerta de las magistraturas vacantes, manifestó que el Congreso debe elegir los mejores perfiles y apegarse a la legalidad para avanzar en el tema de la impartición de justicia en el estado.
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