Al pretender impulsar un desafuero desde el Congreso de la Unión, contra el fiscal general por suposiciones y situaciones infundadas, consideramos que se estaría buscando sustituir la competencia del Congreso Local implicando con ello un posible atentado a la soberanía de ese poder soberano en el estado de Morelos, señaló en conferencia virtual el fiscal general Uriel Carmona Gándara.
Al tiempo de afirmar todo se debe a un supuesto incumplimiento de los exámenes de control y confianza, que afirmó sí cumplió en tiempo y forma y aprobó, lo que nada tiene que ver con delitos de delincuencia organizada y mucho menos con terrorismo, ni acopio ni tráfico de armas.
Uriel Carmona declinó señalar si lo anterior se trata de una guerra sucia y política por parte de algunos funcionarios gubernamentales para tratar de tener el control de la Fiscalía General, pues destacó que esa aseveración no la quería hacer, pese a las evidencias, y que todo se atendería en el terreno jurídico.
Lo anterior luego de que el 14 de diciembre pasado el fiscal especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, Emiliano Villa y la agente del Ministerio Público federal, Monserrat Reyes, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, ratificaron ante la Cámara de Diputados Federal la solicitud de declaración de procedencia contra Uriel Carmona, ya que supuestamente hizo nombramientos de fiscales que no cumplían los requisitos legales y no estaban calificados además de haber incurrido en omisiones y delitos que se prevén en el Código Penal Federal y en la Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública
A este respecto el fiscal general, Uriel Carmona, señaló que estas suposiciones, al carecer de datos precisos sobre los señalamientos, han generado desinformación y juicios a priori y aseveró que en los casi tres años al frente de la FG a correspondido a la alta responsabilidad que le confirió el Congreso del estado sin que en ningún momento se le haya señalado por delitos y menos que tengan que ver con delincuencia organizada, con terrorismo, ni acopio ni tráfico de armas.
Reconoció que ha recibido ya la notificación oficial por parte de la Cámara de diputados federal sobre el procedimiento iniciado en su contra que, recalcó, se deriva de una supuesta falta de exámenes de control y confianza y con ello presuntamente se estaría realizando un ejercicio indebido de la función pública a su cargo, pero aseveró que sí cuenta con los exámenes de control y confianza que presentó y aprobó oportunamente cumpliendo así con el artículo 40 fracción 15 de la Ley General de Sistema Nacional de seguridad Pública.
Pero dijo que en la interpretación de dicha norma jurídica, de ninguna manera se infiere que debió realizar esa evaluación antes de su designación sino que pude hacerlo legalmente con posterioridad a esa designación, porque agregó que así sucede con sus pares de las demás fiscalías de otros estados y recalcó que al momento de ser designado como Fiscal General en el mismo mes de febrero de 2018 solicitó la programación de sus evaluaciones ante la Dirección de Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional donde al cumplir con los requisitos respectivos presentó y aprobó satisfactoriamente los exámenes de lo cual fui notificado por la propia Fiscalía General de la República, por lo que ahora resulta inusitado que la SEIDO investigue terrorismo, acopio, tráfico de armas o delincuencia organizada y que se haya presentado a la Cámara de Diputados una solicitud de declaración de desafuero por estos delitos.
Destacó además que queda de manifiesto que el señalamiento por la supuesta falta de exámenes en realidad no es competencia jurídica de la SEIDO, justamente porque no tiene que ver con delincuencia organizada y mucho menos con terrorismo, acopio o tráfico de armas y afirmó que lo infundado de las acusaciones quedara para el análisis de la Cámara del Congreso federal sin perder de vista que lo que está en juego es la institución del ministerio público del estado, evitando que se atente contra su autonomía constitucional en desprecio del estado de derecho que enarbola el pacto federal que permite la gobernabilidad en los estados y en el país, pero sin atreverse a señalar a los actores políticos que serían responsables de esta maniobra.
Finalmente, reiteró su posición respeto a todas las instituciones, al tiempo de reiterar que estarán atendiendo el proceso por la vía jurídica observando los preceptos de legalidad y justicia a los que todos los mexicanos estamos obligados.
