El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Joaquín Roque González Cerezo, señaló que entre seis y ocho funcionarios municipales promovieron amparos ante la justicia federal para evitar sanciones ante el incumplimiento de pagos por laudos laborales, sin embargo, de esos dos síndicos municipales de municipios de la región oriente no garantizaron lo que exigió como medida cautelar el juez federal y sí fueron arrestados por 11 horas cada uno.
Roque González indicó que en este caso, lo que sigue luego del arrestó es iniciar el proceso de destitución si es que persiste la negativa de dar cumplimiento a las sentencias de los laudos laborales.
Al inicio de las actuales administraciones, los Cabildos habían desistido de los amparos que promovieron sus antecesores, sin embargo una vez que no pueden pagar recurrieron de nueva cuenta a este recurso que les permite la ley.
La justificación que argumentan las autoridades municipales, dijo el presidente del TJA, es que no hay recursos económicos para pagar pero eso no permite hacer excepciones en la ley, toda vez que al consultar con la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal se ha confirmado la entrega de participaciones tanto federales como estatales
“Para efectos legales no son válidos sus argumentos ya que Hacienda reporta se han entregado mes con mes participaciones federales y estatales”.
Agregó que la recomendación para los ayuntamientos es pactar con los demandantes los pagos parciales y con ello ir desahogando las deudas que se tienen por concepto de laudos.
“Nuestro mejor consejo es que empiecen a pagar, no exigimos que cubran la totalidad en una sola exhibición pero si en pagos parciales que permitan ir cumpliendo poco a poco y se llegue a un punto final”.
El presidente del TJA indicó que los casos más delicados son los de elementos de seguridad, ya que en no existe un tope de salarios caídos, es decir las reformas federales en materia laboral en la que se establecieron como tope seis meses y un año para los salarios caídos no aplican en el caso de los policías, por lo que van sumando y se vuelven en cuantiosas cantidades.
Roque González aseveró que se han tenido acercamientos tanto con el Congreso local como con el Gobierno estatal a fin de que “si así se considera, en el Presupuesto del 2023 se pueda ampliar el monto del fondo de laudos”, esto con la finalidad de acabar con esta problemática en los municipios, aunque será el Congreso quien determine si se fija o no está partida.
A principios del 2022 el Tribunal de Justicia Administrativa señaló que por lo menos unos 18 municipios se encontraban en una situación complicada en materia del pago de laudos.
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