Graco Ramírez sí tendrá que presentarse a comparecer ante la justicia morelense, esto por varias irregularidades respecto a un crédito que solicitó antes de concluir su mandato, para la adquisición de un vehículo. Así lo confirmó Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Proceder de manera penal en contra del exmandatario estatal quedará en manos de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“Los jueces serán los que decidan, la Fiscalía Anticorrupción está judicializando una carpeta”, mencionó el titular de la FECC.
Sobre la investigación
La investigación inició cuando la actual administración del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos (ICSTGEM) detectó que Graco Ramírez recibió 600 mil pesos de crédito, a pesar de ser considerado “patrón” y no colaborador.
La denuncia se presentó desde 2021, sin embargo, la propia Fiscalía Anticorrupción estableció que no había delito qué perseguir. Esta resolución fue impugnada en 2023 por el área jurídica de dicho organismo y el caso fue abierto nuevamente tras el fallo de la jueza Alejandra Trejo Reséndiz.
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Situación legal de Graco Ramírez
Todo esto, derivó en la solicitud de un juicio de amparo por parte del exgobernador de Morelos quien, a finales de septiembre del 2023, luego de la nueva resolución obtuvo la suspensión provisional 1327/2023 para evitar que fuera privado de su libertad.
“Se concede la suspensión provisional, respecto del acto reclamado, para el efecto de que no sea detenido; sólo si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa; la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal”, señala la resolución.
Sin embargo, esto no lo exime de comparecer ante el juez sobre estos hechos, presuntamente constitutivos de actos de corrupción.
Finalmente, Salazar Núñez manifestó que continúan las investigaciones a otros exservidores públicos, y con ello, la posibilidad de judicializar más carpetas como ocurrió recientemente con el caso del extesorero Armando “N” y otros dos excolaboradores por presuntas compras irregulares.