Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad. Condiciones de autogobierno/cogobierno, presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos).
Lo anterior es parte de los problemas de gobernabilidad detectados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro de Reinserción Social "Morelos" (ubicado en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec) a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, y cuyas instalaciones fueron verificadas del 12 al 18 de octubre de 2018 y dadas a conocer en abril de 2019.
El 29 y 30 de octubre de este año se registraron en el Cereso una serie de enfrentamientos que dejaron un saldo preliminar de siete personas muertas y al menos una decena de heridos (algunos trasladados durante el transcurso de la tarde del miércoles en helicóptero a Cuernavaca).
Ante ello, el gobierno del estado admitió que había perdido el control del centro penitenciario por lo que fue necesario el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena.
De acuerdo con el diagnóstico, las fallas en el sistema penitenciario de Morelos derivaron -hasta ese entonces- en el inicio de 53 quejas ante los organismos de protección a derechos humanos.
De acuerdo con el documento, la sobrepoblación, el hacinamiento, la deficiencia en los servicios de salud y la insuficiencia de vías para remisión de quejas de probables violadores a los derechos humanos no garantizaban la integridad personal de los internos.
De igual manera, las deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los reos, la deficiente separación entre procesados y sentenciados, la insuficiencia o inexistencia de actividades laborales, y de capacitación, entre otras impiden una estancia digna y la reinserción social de los internos.
De acuerdo con El Sol de México, al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, el ombudsperson nacional Luis Raúl González Pérez había advertido que:
México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, al que como sociedad no se quiere voltear a ver ni interesan la situación y realidad que allí se viven