/ lunes 17 de abril de 2023

Cuesta cien millones alimentar a reclusos en Morelos

Ponce de León ha señalado que se espera que se apruebe esta solicitud, ya que el sistema gasta cerca de 100 millones de pesos al año en este rubro

Jorge Israel Ponce de León, coordinador estatal del sistema penitenciario. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca

Al Sistema Penitenciario de Morelos le cuesta 100 millones de pesos al año alimentar a las 3 mil 963 personas privadas de su libertad que se encuentran en los cinco centros de reinserción social (Ceresos) de la entidad, según informó el coordinador General de esta área, Jorge Israel Ponce de León Borges.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal informó que, para el ejercicio fiscal del año 2023, únicamente contarán con recursos para cubrir esta necesidad hasta el mes de octubre, por lo cual, externó que en breve deberán solicitar una ampliación presupuestal al Congreso del Estado de hasta quince millones de pesos para cerrar el año 2023.

"El presupuesto que tenemos para la alimentación desde que llegamos ha sido el mismo y solo han subido 5 millones de pesos", externó Ponce de León Borges.

Ante esto, se hace urgente obtener un recurso extraordinario para cerrar este año y garantizar el alimento para los reclusos.

En Morelos existen cinco Ceresos, el más grande se encuentra en el municipio de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec, el cual comprende un área de hombres y una de mujeres, así como las cárceles distritales que se encuentran en los municipios de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec.

En estos centros de reclusión se vive un fenómeno de sobre población debido al elevado número de personas a quienes se les ha dictado la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Jorge Israel confía en que se pueda llegar a un acuerdo con los diputados durante las mesas de diálogo que sostendrán en breve para que se les otorgue el recurso extraordinario, pues las personas que se encuentran presas no pueden quedarse sin acceso a la alimentación, lo que sería considerado como un atropello grave a sus derechos humanos.

"Necesitamos quince millones para seguir operando la alimentación de las personas privadas de su libertad", agregó Ponce de León Borges.

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