Durante 2022, los morelenses denunciaron 44 mil 285 delitos, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública (SECNSP), de todos ellos, la proyección es que sólo mil cien se resuelvan dadas las fallas del sistema de justicia penal en el estado, revisado por México Evalúa, USAid y la Fundación Friedrich Naumann. El índice de impunidad en el estado durante 2022 fue de 97.5 por ciento, el reporte indica un crecimiento de tres puntos respecto de 2021.
Mientras la impunidad se acumula, en 2022 los órganos integrantes del sistema de justicia penal, Comisión Estatal de Seguridad Pública, fiscalías, jueces, centros de reinserción social y defensorías públicas vivieron meses de enfrentamientos que se han agravado durante el 2023.
El año anterior, los intercambios de acusaciones entre las instituciones fueron cosa de todos los días, pero quizá llegaron a su punto más álgido en agosto y septiembre, cuando la Fiscalía Anticorrupción del estado solicitó juicio político contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por presuntamente haber afectado el debido proceso, lo que inició un intercambio entre el Poder Judicial y las fiscalías. Los juzgadores acusaron públicamente a los ministerios públicos de no integrar adecuadamente las carpetas de investigación y las fiscalías acusaban de corrupción a algunos jueces y magistrados que negaban vinculaciones a proceso o decretaban la liberación de presuntos delincuentes.
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En noviembre, el feminicidio de Ariadna Fernanda volvió visibles presuntas deficiencias en el trabajo de la Fiscalía de Morelos. Apenas unos días después de que el ministerio público local había descartado el feminicidio, la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se cometió el delito, abrió una carpeta y acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de intentar encubrirlo, con lo que inició un capítulo de persecuciones mediáticas, jurídicas y políticas en contra de Carmona y la fiscalía de Morelos, que entonces presumía haber abatido la impunidad en el delito de feminicidio a sólo el 50 por ciento.
Los datos del Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México, presentados por México Evalúa, evidencian el tamaño de la crisis que de otra forma se mediría apenas en notas periodísticas y declaraciones de funcionarios. Morelos es la cuarta entidad con menor confianza en las autoridades del sistema de justicia penal, esa confianza ha caído continuamente en México en los últimos años y, entre sus escándalos, Morelos no ha escapado del fenómeno. La impunidad general creciente también parece influir. Mientras en el 2021 se atendían satisfactoriamente el 5.9 por ciento de los casos, en el 2022 la proporción bajó a sólo 2.5 por ciento.
Para México Evalúa, la impunidad no se mide sólo en condenas (otras organizaciones civiles usan ese dato y entonces Morelos resulta mucho peor evaluado). El índice que presenta la organización es de “impunidad directa”, que se traduce en “la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea al no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien, encontrarse sin sentencia”.
Centros penitenciarios estatales saturados
Otro problema que presenta la justicia penal en Morelos es la sobrepoblación del sistema penitenciario estatal. En Morelos hay un total de tres mil 813 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales, de ellas; tres mil 509 por delitos del fuero común y 304 por delitos federales. Del total de hombres presos por delitos del fuero común, 3 mil 295, más de mil, el 32.6 por ciento, no ha sido sentenciado; en el caso de las mujeres la proporción desciende un poco, a 31.3 por ciento, es decir, 67 de las 214. En el fuero federal, la proporción de no sentenciados es mucho mayor, 42 por ciento en hombres y casi 78 por ciento en mujeres.
Esta condición contribuye a que en Morelos se registre una sobrepoblación superior al 86 por ciento en los centros penitenciarios estatales. Pese a la enorme sobrepoblación, Morelos cuenta con 517 custodios una proporción menor por persona privada de la libertad, 7, que la media nacional de 11.
Otro rezago está en la cantidad de juzgadores, según revela el estudio de México Evalúa, con apenas cinco jueces especializados en ejecución penal, cada uno de ellos debe atender a un promedio de 702 personas privadas de la libertad por delitos del fuero común.
El acceso a una defensa jurídica adecuada es un reto más en el estado que también registra la quinta tasa más baja de asesores jurídicos por cada cien mil habitantes, con 0.48; y la decimoséptima en defensores públicos con 2.69. Tampoco hay facilitadores en fiscalías y el Poder Judicial tiene menos de una decena de ellos. Y aunque son más que los defensores, la cantidad de agentes de ministerio público o fiscales, peritos y juzgadores por cada cien mil habitantes en Morelos es apenas cercana a la media nacional. De hecho, Morelos tiene menos de ochenta agencias del ministerio público en todo el estado, lo que dificulta el acceso de las víctimas a la denuncia.
Estos datos, junto a la falta de eficiencia de los servidores públicos en el ejercicio de la materia penal, la disminución presupuestal en términos reales y la opacidad en muchos de los datos que integran el estudio, provocó que Morelos se ubique en el último lugar en el ranking nacional de capacidad instalada del sistema de justicia penal que mide la coordinación técnica, planeación integral, registro procesamiento y reporte de información, optimización de recursos presupuestales, monitoreo y evaluación, con base en dos insumos, personal suficiente, profesionalizado y con controles y estructura orgánica y modelos de gestión. “Si bien en 2022 Morelos reinstaló su instancia de coordinación técnica, sigue siendo la entidad en el último lugar por lo que toca al cumplimiento de objetivos y la calidad de los insumos. La diferencia entre el puntaje de Querétaro (el primer lugar en el ranking) y Morelos fue de 264%. El drástico intervalo nos demuestra lo que apuntamos previamente: hay una gran disparidad entre las entidades en su capacidad para responder las demandas y principios que exige el SJP”, señala el reporte de México Evalúa.
La confianza en las autoridades y la cifra negra
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de corrupción en las autoridades en Morelos es muy alta. Para el periodo marzo-abril del 2023, más de la mitad de la población consideraba corruptos a la policía ministerial y la Fiscalía General de la República. Más del 60% percibía corrupción en los ministerios públicos, fiscalías estatales policías estatales y municipales y jueces; y más del 70 por ciento a la policía de Tránsito, cifras poco más altas que el promedio nacional.
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Esta desconfianza, junto con la consideración de que es una pérdida de tiempo presentar denuncias, el considerar que se fue víctima de un delito de poca importancia, la falta de pruebas, y lo largo y difícil de los trámites provocan que en el estado se hayan denunciado en el 2022 apenas el 9.2 por ciento de los delitos, señala la ENVIPE. La cifra negra, el cálculo de delitos no denunciados, más los denunciados sin carpeta de investigación y los que no se especificó si hubo denuncia o carpeta de investigación, en Morelos es de 94.6 por ciento de los delitos cometidos. Casi tres puntos porcentuales que la más baja registrada en la última década, que fue de 91.7%. De ese porcentaje de no denuncia, el 54.5% se debe a causas atribuibles a la autoridad, de acuerdo con el reporte del INEGI.
Y los delitos denunciados no parecen correr mejor suerte, en el mismo año, 2022, el 46.1% de ellos no pasó nada o no se continuó con la investigación.
De acuerdo con el estudio de México Evalúa, durante 2022 en Morelos se iniciaron 45 mil 938 denuncias y de ellas, el 74.2% están en el archivo temporal, en 2 mil 103 se determinó el no ejercicio de la acción penal, y sólo el 2.4% resultaron en vinculaciones a proceso.
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