De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde agosto de 2020 emitieron una serie de recomendaciones al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo para el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya.
"Con los datos arrojados en el Diagnóstico Nacional de 2018 y 2019 emitidos por este Organismo, de las visitas realizadas con anterioridad al CERESO Varonil Atlacholoaya, ya se había advertido sobre la importancia de prestar atención a las condiciones de gobernabilidad que imperaban en dicho sitio, en específico respecto de la insuficiencia de personal de Seguridad y Custodia", señala un comunicado emitido por la CNDH el 4 de enero de 2021.
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En el escrito se detalla que el 18 de agosto de 2020 personal de esta CNDH intentó ingresar al Cereso para realizar sus labores de supervisión y aplicación de los instrumentos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, pero les fue obstaculizado el acceso por la autoridad identificada como responsable, quien argumentó que no se encontraba la titular de ese establecimiento penitenciario, ni otra autoridad que pudieran dar la información requerida.
Ese mismo día, horas más tarde, se le informó al personal que sólo se autorizaría su ingreso bajo ciertas condiciones, como no permitirles el acceso a los dormitorios, ni aplicar encuestas a las personas privadas de la libertad, pues reiteraron que no se contaba con personal de seguridad y custodia suficiente para salvaguardar su integridad física.
Dicha recomendación fue emitida para solicitar a Cuauhtémoc Blanco Bravo el inicio de una queja en la Dirección de Asuntos Internos para investigar la actuación de las autoridades identificadas como responsables, así como diseñar, implementar y activar un Protocolo de Actuación o Manuales de Operación adecuados y exclusivos en Morelos.
Asimismo, la CNDH enfatizó desde ese entonces: "La necesidad de realizar todas las gestiones necesarias y medidas emergentes a fin de garantizar que el CERESO Varonil Atlacholoaya cuente con el número suficiente de personal de Seguridad y Custodia para evitar que la insuficiencia de éstos, limite o restrinja la adecuada operatividad de ese establecimiento penitenciario, se recupere el control del mismo y se salvaguarde en todo momento la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios".
Recientemente, la actual gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia informó que una de las instrucciones es terminar con la corrupción dentro de los penales, esto luego de que el motín registrado el sábado 5 de octubre del presente año, el cual dejó a una persona sin vida y tres heridos, destapó diversos actos irregulares que se presume fueron pasados por alto por la administración anterior.
"Hay dos líneas que vamos a seguir en los penales, por una parte, combatir al cien por ciento la corrupción interna, y segundo, humanizar estos espacios; tenemos toda una estrategia que pronto daremos a conocer", afirmó la Gobernadora.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia comentó que ya fue destituido el director de los Centros Penitenciarios en la entidad, mientras que la directora del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, y el director operativo del mismo, entregaron su renuncia.
