La justicia federal desechó el amparo que promovió Juan Jesús Anzures, exalcalde de Ocuituco, para mantenerse en el cargo lo que resta de su administración. Así lo informó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos, Guillermo Arroyo Cruz.
"Él esgrimió una defensa promoviendo un juicio de amparo. En el juicio le negaron la suspensión definitiva; acudió al recurso correspondiente y el Tribunal de Circuito ha desechado la queja que interpuso y eso significa que para este momento está completamente firme la sentencia de separación e inhabilitación del cargo", indicó Arroyo Cruz.
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Fue el Congreso de Morelos, quien a petición del TJA, destituyó al exedil, quien se negó a pagar un laudo, primero de 200 mil pesos a un policía despedido de manera injustificada, pero que hoy creció a 500 mil pesos.
Arroyo Cruz dijo que avisó a los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Secretaría de Hacienda, sobre este hecho para quitarle todas las atribuciones a Juan Jesús Anzures.
"El Tribunal le notificó al secretario de Gobierno [Samuel Sotelo]; le notificó al almirante titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública [José Antonio Ortiz Guarneros] y le notificó al secretario de Hacienda [Gerardo López Huérfano], primero para que ya no se pudiera utilizar la firma del expresidente municipal, segundo, para no autorizar el uso de armas. Recuerden que él tenía la fuerza pública, y en tercero para que ya no le envíe las ministraciones mensuales de dinero que se le tienen que dar al municipio", agregó Arroyo Cruz.
Asimismo, señaló que avisaron a la Fiscalía Anticorrupción para que lo investiguen, y si es responsable de los delitos que se le acusan, deberán proceder penalmente en su contra.
En riesgo de destitución ediles de Morelos
Por otro lado, Arroyo Cruz dijo que están en riesgo de ser destituidos por la próxima Legislatura del Congreso local el alcalde de Tlaquiltenango, Carlos Franco Ruiz y la alcaldesa de Jonacatepec, Brenda Guerra, en este último caso, señaló que es un asunto que lleva dos trienios sin acatarse.
"Hay la petición del propio Tribunal de Justicia Administrativa en otros casos, como Tlaquiltenango y Jonacatepec, ya se hicieron las solicitudes al Congreso para que se proceda en estas mismas condiciones".
En este sentido, reiteró el llamado a los ediles para cumplir con las sentencias que marca el Tribunal, pues podrían ser inhabilitados de sus cargos públicos en caso de ser omisos.
"La resistencia de las autoridades y desprecio por las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia Administrativa... les va a traer consecuencias legales serias, en sus carreras políticas", puntualizó.