En la propuesta para crear una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que impulsan los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Luz Dary Quevedo Maldonado y Julio César Solís, se contempla la obligatoriedad para que los 36 ayuntamientos implementen el programa de alcoholímetro en sus localidades.
Actualmente, la Ley de Tránsito en el estado de Morelos “no contempla el concepto de movilidad y seguridad vial, tiene solo 11 artículos vigentes desde 1989, misma que por su antigüedad, requiere ajustarse a la realidad que se vive en el estado”, explicó el legislador Julio César Solís.
Es así que la prioridad del proyecto es garantizar la seguridad vial y que dé prioridad a las personas como usuarios de todas las vías públicas.
La iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial promueve una cultura de prevención y seguridad para todas las personas que circulan en las vías públicas, y se reconoce que todos los municipios están obligados a realizar operativos de alcoholímetro de manera permanente para disminuir el número de accidentes ocasionados por personas que conducen en estado de ebriedad”.
“… la intención es que todo programa y política pública en la materia, deba priorizar y favorecer, en todo momento, a las personas que circulan por las vías públicas, especialmente al tránsito de vehículos no motorizados”, explicaron los iniciadores del proyecto de ley.
Es importante recordar que el pasado 17 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual concede a todas las legislaturas locales un periodo de 180 días para promover las reformas y armonizar las leyes de competencia estatal.
Cabe mencionar que entre las principales causas de muerte en México, en 2018 se registró el fallecimiento de 15 mil 574 personas en accidentes de tránsito, donde el 3.5 por ciento fueron peatones en atropellamiento fatal y 2.6 por ciento conductores de vehículos en accidente vial.
La iniciativa de ley fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y a partir del siguiente periodo ordinario de sesiones, el dictamen podría llegar al pleno para su eventual aprobación.
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