Un grupo de abogados en Morelos prepara un amparo para obligar al Poder Legislativo y Judicial que se hagan las modificaciones necesarias a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a fin de llevar las audiencias de forma telemática es decir virtuales debido a que la suspensión de actividades por casos Covid-19 en el TSJ está afectando gravemente a los litigantes y despachos jurídicos en el territorio morelense.
Jessica Vargas, defensora de oficio en Cuautla, aseveró que en el recurso jurídico se pretende señalar las omisiones que se han cometido durante estos casi dos años de pandemia por no haber desarrollado un esquema así y es que aseguró que Morelos “es el único lugar en el país donde no se ha hecho” por lo que destacó que ya es urgente el tema para no afectar a los ciudadanos y al gremio de abogados.
“En Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León y en otros está en proceso de funcionar un sistema así menos en nuestra Entidad. Obviamente tendría que existir una iniciativa de ley que les ha costado muchos a los magistrados trabajar para hacer la propuesta. Parecería que tenemos mucha ignorancia jurídica aquí o que ni siquiera se quiere hacer el trabajo”, mencionó.
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El Tribunal Superior de Justicia, cerrado
Para la abogada, Alejandra Tapia Ortiz, los contagios entre el personal del TSJ, se generaron fuera del Poder Judicial, pues las actividades reiniciaron el día 10 y se suspendieron el 20, por lo que solamente se laboró una semana y en ese lapso, de acuerdo con los parámetros que establecen las autoridades de salud, no pudieron haberse generado la propagación.
“Todo el personal que se contagió fue en vacaciones, porque se les dieron tres semanas de vacaciones, entonces no hubo las medidas y la solicitud que le hacemos al magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, es que haya personal vigilando dentro de los edificios para que los trabajadores cumplan con las medidas sanitarias porque desafortunadamente no todos han contado con esa medida”, afirmó.
También exigió a las autoridades del Poder Judicial que se verifique que todo el personal esté vacunado y en caso de detectar casos de empleados antivacuna “que se tomen las medidas necesarias para que laboren desde sus casas o fuera del edificio donde puedan contagiar a los ciudadanos” mencionó.
Pérdidas económicas por cierres
En un solo despacho existen por lo menos 25 casos de ciudadanos que buscan justicia, por lo que, al tener cerrado el TSJ, se detiene la impartición de justicia, pero también los litigantes dejan de percibir ingresos, no solo para ellos, sino para las personas que trabajan en esos bufets, por lo que el litigante Uriel Guadarrama Carreño, pidió a nombre de sus compañeros que se restablezcan las labores, pues consideró que es una falta de congruencia que en las escuelas con todo y contagios si haya clases, mientras que en el TSJ no existan labores.
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