Comenzó un nuevo año y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos no recibió la ampliación presupuestal que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni la de 2021 y tampoco la de 2022, aunque los diputados del Congreso de Morelos todavía pueden hacer las modificaciones necesarias para la del año que comenzó.
El máximo órgano de justicia del país ordenó que se le asigne por lo menos el 1.7 por ciento del presupuesto total que se ejerce en el año para el Estado, para darle autonomía financiera al TSJ, que en números son alrededor de mil millones de pesos.
“No se ha determinado nada, estamos a la espera de lo que haga el Congreso; afortunadamente el Poder Ejecutivo si nos apoyó para terminar el año, entonces con la cuestión de aguinaldos pudimos terminar de una forma correcta el 2021”.
Presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz
Para tratar el tema, el juzgador afirmó que está en comunicación con los congresistas para que se analice el caso y se tome una determinación. Además indicó que solo en caso de que no haya cumplimiento “nosotros solo le haremos el requerimiento a la Corte que ellos mismos ordenaron y las fechas las marca la propia Corte”, dijo el magistrado.
Por ahora, el asunto sigue en “suspenso” pues los diputados continúan de vacaciones al igual que la SCJN, así que todo podría retomarse entre la segunda y tercer semana de este mes. En el caso en que se realicen ajustes presupuestarios dentro del recinto legislativo, la orden se dará por cumplida; de lo contrario, se tomaría como un desacato.
La designación de recursos de 500 millones de pesos, como se presupuesto en 2021, a mil millones para el TSJ como ordenó la SCJN, significa un tema complicado para el Legislativo, pero también para el Ejecutivo, pues aunque no se ha hablado de recortes económicos en otras áreas, no se descarta esa posibilidad.
No obstante, las diferentes organizaciones de Abogados que existen en Morelos, insistieron en que primero, antes de darle más presupuesto al Poder Judicial de Morelos, se debe llevar a cabo una auditoría a las arcas del TSJ, con el fin de que exista transparencia en el tema.
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