Brasilia .- El cerco jurídico en torno al presidentebrasileño, Michel Temer, se cerró hoy aún más con la detenciónde Henrique Eduardo Alves, un exministro de su entorno cercano,unas horas antes del reinicio de un juicio que le puede costar elcargo.
Alves, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)y de la mayor confianza de Temer, fue arrestado bajosospechas de corrupción antes de que el Tribunal SuperiorElectoral retome hoy un juicio sobre supuestasirregularidades en la campaña que el actual mandatario compartióen 2014 con la destituida Dilma Rousseff.
Aunque las sospechas que pesan sobre Alves no tienen relacióncon Temer, su detención tiene un impacto político y se suma alarresto el pasado sábado del diputado suplente Rodrigo RochaLoures, quien sí está implicado en un caso que salpicadirectamente al mandatario.
Alves, exministro de Turismo deRousseff que fue mantenido en ese cargo por Temer, renunció porotras sospechas de corrupción pero se cree que participó enirregularidades detectadas en las obras de uno de los estadiosusados en el Mundial de fútbol de 2014.
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Rocha Loures, por su parte, actuaba como intermediario entre elpresidente y el dueño del grupo JBS, Joesley Batista, quien en elmarco de un acuerdo de cooperación judicial ha confesadoque soborna a Temer desde 2010.
Además, Batista entregó a las autoridades un explosivo audioen el que Temer calla o parece aceptar maniobras ilegales delempresario y que ha derivado en una investigación de la CorteSuprema contra el presidente.
En esa grabación, Batista relata una serie de maniobrasilegales que hacía en favor de su empresa ante los tribunales yalgunos de los ministros del actual Gobierno, lo cual, según elSupremo, puede sugerir que Temer incurrióen los delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia yasociación ilícita.
La captura de dos de los miembros de su entorno más cercano hadebilitado aún más a Temer, a quien la oposición en pleno yhasta algunos sectores del oficialismo le exigen la renuncia desdehace dos semanas.
Esos nuevos golpes políticos coinciden con el juicio delTribunal Superior Electoral sobre supuesta financiación ilegal dela campaña que en 2014 llevó a la reelección de Rousseff, aquien Temer acompañaba como vicepresidente.
Entérate: No renunciaré apresidencia de Brasil, destitúyanme si quieren:Temer
Una sentencia condenatoria en el proceso que será retomado hoy,tras ser suspendido en abril pasado, anularía la victoria de lafórmula Rousseff-Temer e implicaría la destitución delmandatario.
Sin embargo, este tendría derecho a numerosas apelaciones yseguiría en el poder hasta que no haya un dictamen definitivo, quepudiera llegar después de varios meses.
Aún así, el Gobierno teme que su ya menguada baseparlamentaria pierda el apoyo de importantes fuerzas, como elPartido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el cual ya haavisado que, si hubiera en la justicia electoral un fallo contraRousseff y Temer, puede dar un paso al costado y abandonar el arcooficialista.
En este proceso, Rousseff y Temer tienen sus propiasdefensas y diferentes tesis sobre el proceso, aunque ambos aleganinocencia.
La exmandataria niega toda irregularidad y pide que se anule eljuicio, un punto compartido por Temer, quien además exige que lascuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, puessostiene que en la suya no hubo nada ilegal.
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Según analistas jurídicos, ninguna de esas tesis seráaceptada por los siete miembros del Tribunal Superior Electoral,pero también se cree que alguno de los magistrados puedepedir más tiempo para analizar el informe del instructor, HermanBenjamin, que tiene más de 1.000 páginas y pide condenara la fórmula Rousseff-Temer.
Dada su complejidad, la corte electoral hareservado para este caso cuatro sesiones, que si fueran consumidasen su totalidad llevarían la conclusión al próximojueves.
Sin embargo, el proceso podría ser suspendido nuevamente si unode los magistrados considera que necesita estudiar mejor el caso,lo cual es la gran apuesta del Gobierno para ganar tiempo eintentar recomponer su base política, al tiempo que Temerse defiende en el Supremo de las sospechas de corrupción que pesanen su contra.
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