Manila, Filipinas.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Filipinas ordenó al canal de televisión ABS-CBN, el mayor grupo de comunicación del país, el cese inmediato de emisiones al haber expirado el lunes su licencia, mientras su renovación está pendiente de debatirse en el Congreso tras numerosos retrasos.
Tras recibir esta orden, y después de 25 años en antena, 42 cadenas de televisión del grupo a lo largo de todo el país -incluyendo Channel 2, buque insignia del grupo- se fueron a negro poco antes de las 20:00 hora local, tras la emisión de TV Patrol, el informativo de más audiencia de Filipinas.
ABS-CBN es el canal de televisión más antiguo del Sudeste Asiático y en el que trabajan unas 11 mil personas, pero en los últimos tiempos se ha convertido en centro de las críticas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, que les ha acusado de publicar noticias "injustas".
"Millones de filipinos perderán su fuente de información y entretenimiento cuando ABS-CBN se vaya a negro en televisión y radio esta noche, en un momento crucial en el que la gente necesita información mientras la nación se enfrenta a la pandemia de COVID-19", señaló la cadena en un comunicado.
¿LA MANO DE DUTERTE?
Aunque desde presidencia se han apresurado a desvincular a Duterte de la decisión, el mandatario había amenazado a los directivos del grupo con el cierre del medio en varias ocasiones y les había acusado de publicar noticias "injustas" sobre él.
Algunos medios apuntan a que el enfado del presidente con la cadena se gestó en la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña de Duterte porque no contaba con el visto bueno de la Comisión Electoral.
"La posición del presidente es que se trata de un asunto que compete a la Comisión Nacional de Comunicaciones, y respeta su decisión", declaró el portavoz presidencial, Harry Roque.
SILENCIAR A LA PRENSA
Partidos de la oposición, grupos civiles y organizaciones de derechos humanos han denunciado el cierre de ABS-CBN, como Human Rights Watch (HRW), que lo ve como "otro esfuerzo de la administración Duterte para intimidar y silenciar la prensa".
"Los filipinos deberían rechazar esta decisión despótica de hostigar a un medio conocido no solo por su alcance, sino también por su competencia y dedicación a la difusión de las noticias", señaló Phil Robertson, subdirector de HRW para Asia.
Al poco de conocerse la decisión oficial, los filipinos lamentaron la noticia en las redes sociales y las etiquetas #DefendPressFreedom y #NoToABSCBNShutDown (Defiende la libertad de expresión y No al cierre de ABS-CBN) se convirtieron en tendencia.
"Pedimos al gremio periodístico y a los filipinos que aprecian la democracia y la libertad a resistir unidos otro descarado asalto del Gobierno a la libertad de prensa y de expresión", indicó la Unión Nacional de Periodistas Filipinos, que convocó una protesta online, debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Para la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas, la medida es "claramente un caso de acoso político contra un pilar de la democracia filipina, que emplea a miles de trabajadores, cuyo medio de vida ahora está en peligro".
DECISIÓN DEL CONGRESO
Según la Constitución, la decisión de renovar la licencia recae sobre el Congreso, donde desde el año pasado hay al menos nueve propuestas de ley a favor de la renovación de los permisos de emisión para ABS-CBN, cuyo debate en el pleno ha sufrido retrasos.
La oposición y gran parte de la opinión pública acusan de esas dilaciones al presidente de la Cámara baja, Alan Cayetano, que se postuló a la vicepresidencia en 2016 junto a Duterte, aunque perdió, y después ejerció como su ministro de Exteriores.
El pasado marzo, el Congreso tuvo un primer debate sobre la licencia de ABS-CBN, pero el parón parlamentario -que en Filipinas se produce entre marzo y abril- y la cuarentena por la pandemia de Covid-19 han impedido reanudar la discusión antes del fin de la licencia.
ACOSO JUDICIAL
La ofensiva a ABS-CBN también viene desde el flanco judicial, ya que otro aliado de Duterte, el fiscal general, José Calida -figura que equivale a la Abogacía del Estado-, presentó en febrero una petición al Tribunal Supremo para que anulara la licencia del canal.
Calida alegó que ABS-CBN "ejerce ilegalmente", ya que se financia parcialmente con capital extranjero, lo que violaría la norma constitucional sobre la propiedad 100 % filipina de los medios.
La cadena ha insistido en que sus operaciones "cumplen la ley" y que el capital foráneo entró a la compañía mediante "recibos de depósito filipinos", fórmula que, según defiende, además de ser legal y aprobada por la Comisión de Valores, es una "práctica común" entre las corporaciones de medios para obtener fondos sin vulnerar la ley.
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