Todas las personas detenidas por sus vínculos con el caso Ayotzinapa son candidatas a la amnistía presidencial si revelan datos e información comprobable que ayude a resolver el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
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En la última reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, el Primer Mandatario afirmó que con la Ley de Amnistía se busca “incentivar que se acerquen todas aquellas personas que tengan datos ciertos y verificables para encontrar a los jóvenes”.
En entrevista con El Sol de México, el abogado penalista Gabriel Regino afirmó que “no se requiere por parte del Ejecutivo federal de mayor circunstancia que su criterio y su decisión (...) se establece como condición del perdón que la persona aporte información sustancial, relevante para la investigación de hechos graves”.
De igual manera, Tulio Salanueva, especialista del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que el problema de la aplicación de la amnistía consiste en que el beneficio de esta ley queda únicamente a la decisión del Presidente.
“Cualquier persona puede ser sujeto de esta ley (...) en el problema de Ayotzinapa (...) creo que fundamentalmente pueden ser sujetos de esta reforma a la ley todas aquellas personas que estando privadas de su libertad, aporten datos que ayuden a esclarecer un crimen particularmente relevante. Sin embargo, esto tiene la problemática de que queda totalmente a la discrecionalidad del Presidente de la República”, dijo.
Con la reciente reforma a la Ley de Amnistía, promovida por el senador Ricardo Monreal y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio de 2024, el jefe del Ejecutivo federal tendrá la facultad exclusiva de exonerar a cualquier persona mediante una amnistía, por cualquier delito que haya cometido, cuando “aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”.
De acuerdo con el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del caso Ayotzinapa, hasta septiembre de 2023 había 132 personas detenidas por su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
No obstante, en mayo de 2024, al menos ocho militares involucrados —Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes, Juan Sotelo, Gustavo Rodríguez, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares y Roberto de los Santos— salieron en libertad provisional, luego de que una jueza determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no dio pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
Además, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, lleva su proceso en prisión domiciliaria.
Sin considerar a los militares que llevan su proceso en libertad, son alrededor de 124 las personas que siguen detenidas.
Se trata de 41 presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, tres policías federales ministeriales, siete policías estatales de Guerrero, dos policías municipales de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala.
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Asimismo, están tres funcionarios de la FGR, el exsecretario de Seguridad de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF de Iguala, y otros seis militares.
Todas son candidatas a la amnistía del Presidente si aportan elementos que ayuden a dar con el paradero de los normalistas. La reforma le permite “otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”.
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