Sólo 21 de los 294 penales que hay en el país cuentan con bloqueadores de señal de telefonía celular que impida a los delincuentes realizar llamadas de extorsión, de acuerdo con datos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, detalló que se tienen bloqueadas las llamadas en 21 penales, pero el objetivo es hacerlo en todas las cárceles. “vamos a acerrar o bloquear la señal al 100 por ciento en todos los penales” dijo en agosto pasado.
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Con estos inhibidores de señal se busca reducir el delito de extorsión telefónica, debido a que según datos de autoridades y organizaciones de la sociedad civil 80 por ciento de las llamadas de este tipo se emiten en los penales, principalmente de las cárceles del Estado de México, Tamaulipas, y la Ciudad de México.
El dato fue revelado en enero pasado por la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, quien sostiene que los centros penitenciarios estatales de donde salen las llamadas son: Ecatepec, Valle de Chalco, Otumba, Santiaguito, Tenango, Nezahualcóyotl y Cuautitlán.
Dijo que han detectado que, en la Ciudad de México, familiares de los reos encuentran la manera de violar el reglamento de los centros penitenciarios y les llevan teléfonos móviles a las personas privadas de la libertad.
Especialistas en seguridad explicaron que al interior de los penales, las bandas de extorsionadores están más activas que nunca, corrompiendo a custodios y directores para que los aparatos inhibidores de señales sean apagados en determinados horarios y les permitan extorsionar a la población mediante llamada desde teléfonos celulares.
Por lo que hace a Tamaulipas, Francisco Torres Landa, secretario del Consejo Directivo de México Unido Contra la Delincuencia, señaló que es aquí en las cárceles es donde detectan el mayor número de extorsiones.
Un caso fue el que se documentó en mayo pasado desde el penal de Altamira, donde utilizado un número telefónico para extorsionar a familiares de 14 médicos y enfermeros de la Oficina de Representación de Nuevo León del IMSS, y que se trasladaron a la ciudad de México a apoyar en labores de Covid-19.
Los médicos recibieron llamadas al hotel donde se hospedaban para informales que serían detenidos, pues sabían que en sus habitaciones tenían droga y armas, por lo que debían seguir las indicaciones de una persona, también víctima, a quienes obligaron, con amenazas, a hacerse pasar como uno de ellos.
En este sentido, Torres Landa refirió que incluso operadores de telefonía han detectado llamadas del interior de pena- les con inhibidor de señal.
“El gobierno nos dice que han instalado inhibidores de señal, pero no nos han dicho si funcionan, es cierto los aparatos están ahí, pero no funcionaban todo el día, los delincuentes están coordinados con autoridades del reclusorio y reclusos para decir de tal a tal hora les damos chance que prendan sus celulares, cuando en realidad el sistema no debería de estar apagado”, dijo Torres Landa.
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