El saldo de un operativo de la Marina montado en la colonia Morelos de la Ciudad de México, contra el grupo delincuencial La Unión Tepito, en octubre de 2019, fue de 50 kilos de precursores químicos, toneladas de drogas, cartuchos y distintas armas de fuego entre las que se halló un lanzacohetes. Un armamento similar utilizaron integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en mayo de 2015 para derribar un helicóptero militar en la entidad que lleva su nombre.
Ambas historias ejemplifican cómo el crimen organizado cada vez emplea arsenales menos convencionales para combatir a las fuerzas del orden, lo mismo que a bandas rivales, para defender y disputar el control de territorios y actividades ilícitas, e incitar terror en la población.
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En los últimos 15 años, distintas dependencias de seguridad federales aseguraron lanzacohetes, lanzagranadas, minas explosivas y drones que se utilizan como armas con explosivos en todo el país.
Al menos 150 lanzacohetes fueron decomisados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) –121 y 29 respectivamente–, lo mismo que 232 lanzagranadas por parte de la Guardia Nacional (GN), antes Policía Federal, entre 2007 y abril de 2022, de acuerdo con varias solicitudes de transparencia.
A esto se agrega ocho drones asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán, entre 2018 y 2021.
Asimismo, en febrero de 2022 la Sedena desactivó poco más de 250 minas explosivas artesanales en los caminos de la región de Tierra Caliente, en Apatzingán, Michoacán.
Ante este panorama, especialistas en seguridad y armamentismo exponen que la capacidad de la delincuencia organizada de contar con este arsenal tecnológico y artesanal es el resultado de su evolución, con el que buscan imponer el reflejo de su poder ante las fuerzas de seguridad federales y locales, lo mismo que a sus enemigos y la población en general.
Esto representa una amenaza a la seguridad nacional, ya que con este armamento pretenden imponer sus intereses económicos y delictivos con base en la violencia y su capacidad para generar daño a la población civil y a las Fuerzas Armadas, explica Edgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM y especialista en seguridad nacional.
“El Estado mexicano, a partir de esta administración, ha decidido reducir su capacidad de fuego, lo cual pone en una relación completamente asimétrica el combate a la delincuencia organizada. Aquí vemos varios ejes. El primero es que el tráfico de armas no se ha reducido, al contrario, cada vez hay mayor número de armas ilegales en nuestro país en posesión del crimen organizado.
“El segundo, es que aumentan su capacidad de fuego. Es decir, tenemos armas de mayor calibre, automáticas y de todo tipo, tradicionales de carácter mecánico, y armas manejadas digitalmente, como es el caso de los drones con explosivos. El tercer eje es que el crimen organizado pareciera que está desarrollando una especie de industria militar o dentro de la industria armamentista. Es decir, ellos a su vez están diseñando armas de tipo casero”, subraya el investigador.
María del Carmen Sánchez Mora, coordinadora de investigación en Akza y especialista en seguridad nacional, coincide en que el crimen organizado está aumentando su poder armamentista, sobre todo porque tiene tecnología igual o más sofisticada que la de los militares en México. Además, que con ese arsenal busca imponer su reflejo de poder ante los demás, y el tipo de tecnología como en el caso de los drones, los utiliza como estrategias de acción, en donde no tienen que arriesgar sus cuerpos en combates físicos.
“Sobre los drones, (es) un trabajo sumamente estratégico hoy en día porque te permite realizar diversas actividades sin tener que arriesgar tu cuerpo en combate físico”, expone la también experta en militarismo.
El CJNG se ha vuelto famoso por desplegar repetidamente drones armados para atacar comisarías de policía. El uso de drones armados contra comunidades en Michoacán ha ido más allá de la intimidación. En realidad busca despoblar comunidades para facilitar la toma de territorios y rutas por parte del cártel.
Gran parte del poder del CJNG proviene de la intimidación descarada y la brutalidad facilitadas por la propaganda agresiva, señala Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales, en un análisis de opinión publicado en Mexico Today.
Sánchez Mora afirma que en lo que respecta al poder bélico como los lanzacohetes, armas largas y cortas, chalecos antibalas, granadas de fragmentación o las minas antipersona son sumamente peligrosas incluso para la sociedad.
“La población que vive en los territorios cercanos en donde están instaladas esas minas, con cualquier contacto físico que tengan puede explotar, porque justamente pueden estar bien escondidas y no se dan cuenta. Son un peligro para la sociedad, para aquella población que vive en esos sectores vulnerables que están apoderados por el narcotráfico”.
Es el caso de los explosivos que fueron enterrados por el CJNG para embestir a sus enemigos Los Viagras, en Tierra Caliente. Sin embargo, antes de ser desactivados por el Ejército una de ellas explotó al pasar un camión de la Sedena, donde un elemento resultó herido. En otra un campesino perdió la vida y su hijo quedó gravemente herido, y en una más tres vacas murieron.
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