El gobierno federal interpuso una demanda penal en contra de Grupo México por no cumplir con las reparaciones de daños que generó el derrame de contaminantes en el Río Sonora en 2014. El anuncio le pegó a la compañía con una caída en el precio de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hasta su nivel más bajo desde inicios de año.
Al cierre de la jornada bursátil del jueves, los títulos de la empresa de Germán Larrea cotizaron en 76.84 pesos cada uno, lo que significó una contracción de 1.97 por ciento respecto al día anterior y su nivel de precio más bajo desde el pasado 5 de enero. Sin embargo, los títulos de la empresa llegaron a perder hasta 3.41 por ciento de su valor hacia mediodía.
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Las acciones de la emisora comenzaron su descenso luego de que en la mañana del jueves, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, informó que la administración federal interpuso una denuncia penal contra la empresa a mediados de agosto.
“Nosotros el 17 de agosto pasado hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental”, dijo la funcionaria durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 6 agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, derramó alrededor de 40 millones de litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora, en las inmediaciones del municipio de Cananea, un evento que se considera el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera metalúrgica nacional.
El derrame alcanzó a ocho municipios del estado, según estudios del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA) y a la fecha persisten afectaciones.
De acuerdo con información presentada por la titular de la Semarnat, a nueve años del derrame hay presencia de metales en el aire, suelo y organismos vivos cercanos al punto del derrame que rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales.
Indicó que a lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos.
Albores recordó que semanas después del derrame, Grupo México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmaron el Convenio para remediar, reparar y compensar los daños ambientales a la salud pública, así como reparar los daños materiales a las personas derivados del derrame, el cual incluía un fideicomiso donde la empresa depositaría dos mil millones de pesos para la reparación del daño, de los cuales sólo se pagó la mitad.
A inicio de este mes, la empresa de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, dijo en un comunicado que las labores de remediación en torno al derrame de 40 mil metros cúbicos de químicos en el Río Sonora, en agosto de 2014 habían sido exitosas.
De acuerdo con Albores, el daño no se ha remediado pese a que en el sexenio pasado las autoridades ambientales cerraron el fideicomiso establecido en el convenio por considerar que ya había cumplido su objetivo.
“Ya estamos en una acción penal contra Grupo México, porque no aceptamos lo que dicen que ya remediaron. Y no lo aceptamos, porque si no, nosotros como Estado mexicano no estuviéramos directamente en territorio”, dijo Albores.
Hasta el cierre de esta edición, Grupo México no dio una postura sobre la demanda del gobierno federal.
Consecuencias para Larrea
El derrame de 2014 afectó a las siete comunidades que rodean el Río Sonora, afirmó Martha Patricia Velarde, integrante de los Comités de Cuenca.
En entrevista para El Sol de Hermosillo, la activista comentó que desconoce por qué hasta ahora las instancias federales dieron a conocer la demanda, cuyo procedimiento tiene como fin que se acate la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde enero del 2020, que establece que hubo omisiones e irresponsabilidades cometidas por el consorcio minero antes, durante y después de la contingencia.
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Luego de que el máximo tribunal en el país emitió un posicionamiento sobre este asunto, a la firma ya no le queda otra instancia a la que pueda recurrir ni apelar para que se extienda la atención del mandato, por lo tanto, esperan que pronto se vean los resultados de la presión ejercida por las autoridades.
A excepción de la Profepa y Semarnat, instancias que sí han estado al pendiente del sentir de los habitantes, subrayó Velarde, otras como la Conagua se han desentendido de su responsabilidad, algo similar ocurre con el gobierno del estado, dado que no los incluyen en reuniones sobre este caso.
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