Una escalera de caracol de gruesos peldaños conecta la oficina de Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con un determinado número de servidores que hasta ahora almacenan cinco mil millones de datos de sujetos que podrían ser susceptibles de investigación por operaciones financieras inusuales, ligadas a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o para la proliferación de tenencia o venta de armas de destrucción masiva.
La central de la UIF está un edificio sobrio y de colores apagados que pasa por un sencillo complejo de oficinas. Su mobiliario es austero y prácticamente no hay ventanas. A los externos se les prohíbe el celular y cualquier dispositivo electrónico, que es retenido en la entrada, como en la Embajada de Estados Unidos en México.
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Aquí las cuentas de personajes de gran calibre han sido investigadas, con lo que su vida glamurosa ha dado un giro, luego de que fueron congeladas sus cuentas, como es el caso de Eduardo Medina Mora, al convertirse en el primer ministro en renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envuelto en un escándalo que demuestra que sus gastos no coinciden con sus ingresos; Rosario Robles, hoy presa en Santa Martha Acatitla; Emilio Lozoya, prófugo de la justicia por el caso Odebrecht o Carlos Romero Deschamps, quien también dejó la dirigencia nacional del sindicato de Pemex, y cuyo expediente está congelado en el escrito del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
En el segundo piso del edificio, ubicado en Constituyentes, un puñado de ingenieros reciben todos los avisos del sistema financiero, incluidos los de la banca comercial, de aquellas transacciones denominadas “relevantes, preocupantes o inusuales”, que no responden a la lógica de un historial crediticio, como el hipotético caso de un anciano de 100 años depositando millones de pesos a otra cuenta en Panamá.
–¿Y sí duermen?–, se les pregunta.
–Nos organizamos para que todos podamos dormir–, dice uno mientras sonríe, en tanto que el resto permanece estoico.
Se incorpora al recorrido “El doctor”, como le dicen a Santiago Nieto. Habla despacio y claro, hay que inclinarse para escuchar las confidencias que de vez en cuando platica.
Se les pregunta si es posible que la UIF sea hackeada, como sucedió en Pemex, a lo que uno de los ingenieros, el que aparenta mayor antigüedad, arrebata la palabra para responder “eso es imposible; tenemos varias capas de seguridad”.
La tecnología instalada ya no es suficiente para los planes de la Cuarta Transformación. Desde que inició esta administración se han firmado convenios con nueve estados para atraer a la Unidad de Inteligencia Financiera las bases de datos de sus Registros de la Propiedad Pública para mejorar el estudio de las declaraciones patrimoniales. Además, la Secretaría del Trabajo les está brindando los datos de los líderes sindicales y el Instituto Nacional Electoral alista la entrega de los precandidatos en 2021. En sólo unos meses la información que recibe la UIF ha aumentado 30 por ciento.
Servidores que necesitan ser reemplazados y ampliados, algunos donados como parte de la Iniciativa Mérida, son el cerebro de toda esta operación. A pesar de la relevancia que ha cobrado por sus golpes de precisión, la UIF trabaja con recursos limitados, con un presupuesto de apenas 152 millones de pesos. Por eso ha proyectado invertir 100 millones más en próximos tres años para ampliar la capacidad de almacenamiento de 34 a 100 terabytes.
Estos ingenieros reciben al año información de 78 millones de operaciones financieras, que luego son filtradas y analizadas por el círculo más cercano de Nieto, con base en un modelo de riesgo que pondera 254 variables, como el perfil de los sujetos, dónde y cuándo hicieron una transacción y si está ligado a actividades vulnerables de lavado de dinero, como la venta de joyas, de autos lujosos o de bienes raíces.
El dream team de Nieto está integrado por tres mujeres y un chico que no rebasa los 30 años. Antes de su presentación, y en lo que organizan el proyector, dos de ellas abren el diálogo. Trabajan con Nieto desde su paso por la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Una hasta bromea sobre su Gatorade: “estoy deshidrata porque estoy saliendo de un resfriado y no porque esté cruda”.
Pero la tercera de ellas apenas dibuja una sonrisa, casi por compromiso. Ella trabaja desde hace varios años en la UIF y es artífice del modelo de riesgo con el que Nieto busca justificar que no hay sesgo político en bloqueo de cuentas bancarias.
Cuando esta actuaria arrastra el lápiz, la cacería ha iniciado. Su modelo matemático hoy permite evaluar a 19.2 millones de individuos, incluidas las personas políticamente expuestas.
De esta manera, la información que la UIF recibe, y que constituye la información financiera inusual de México, llega a las manos de sólo una treintena de analistas de datos, cuando el Cisen –según cuentan los trabajadores de la UIF– cuenta con tres mil. Refieren que en las áreas de riesgo de un banco común y corriente se contabilizan alrededor de 300 personas para hacer un trabajo que en la UIF coordinan prácticamente cinco personas.
El dicho Follow The Money encuentra aquí su razón de ser. Una vez que ha sido alertada de una operación inusual, la UIF sigue la ruta de transacciones entre cuentas y logra tejer redes de operaciones financieras detallando los sujetos involucrados, las cuentas, los montos, sus domicilios y las relaciones entre los sujetos que están involucrados.
Santiago Nieto trazó ejes prioritarios de atención: corrupción política, trata de personas, narcotráfico, huachicoleo y el trasiego de mercancías ilegales.
Tan sólo en 2019, la UIF presentó 162 denuncias ante la autoridad por comportamientos ilícitos rastreados, de los cuales 80 acabaron en condenas.
En 2019, el 73 por ciento de los reportes de operaciones inusuales se generó en 10 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa.
El trabajo de la Unidad ha tenido eco en el extranjero. Hace unos días el fiscal que lleva en una corte de Estados Unidos el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, les solicitó la investigación que hicieron sobre la red de empresas fachada que permitió desviar recursos públicos al bolsillo de García Luna y costear su vida en Miami.
Este modus operandi de García Luna fue un hallazgo que se dio casi de manera accidental cuando la UIF investigaba las transacciones del exministra de la Corte, Eduardo Medina Mora, porque si bien se mantuvo en sigilo la información, los movimientos bancarios de éstos permiten observar que tuvieron una especie de alianza estratégica cuando uno era secretario de Seguridad Pública y el otro Procurador General de la República, en el mismo gobierno. Lo que ha generado una nueva forma de búsqueda y cruce de datos para otros casos de índole política. Los planes de Nieto incluyen diseñar una base de datos de servidores públicos, para que la banca comercial reciba una alerta directa cuando uno de éstos haga transacciones u otros trámites sospechosos.
Actualmente, la UIF tiene como objetivo cabildear en el Congreso una reforma que permita fortalecer el marco legal contra el lavado de dinero, ya que en agosto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recalificará a México en su esfuerzo contra este flagelo. La negociación en el Congreso está empantanada porque la oposición considera que los cambios darán más poder a quien hoy pone a temblar a varios. “Este gobierno no está pensando en la venganza, está pensando en la justicia y en la lucha contra la corrupción”, concluye Nieto.
Con información de Erick Ramírez | El Sol de México.
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