La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó —como adelantó ayer El Sol de México— que Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V. era la empresa encargada de la seguridad al interior de la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez que se incendió la noche del lunes y provocó la muerte de 39 personas.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC señaló ayer que se detectaron varias irregularidades en la operación de Camsa, ya que la empresa solo tenía reportados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, aunque el contrato con el INM era por 503 elementos para las instalaciones ubicadas en 23 estados de la República.
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“La empresa no cuenta con portación de armas y en los informes que está obligada a rendir no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso sancionador para revocarle el permiso e imponerle una multa económica, incluso ya solicitamos al INM rescindir el contrato”, dijo.
En 2022 la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del INM otorgó, por adjudicación directa, el contrato AA-004K00001-E17-2022 a Grupo Camsa por un monto máximo de 142 millones 241 mil 379 pesos.
La propia SSPC refrendó a Camsa, cuyo número de registro ante la dependencia es DGSP/203-20/4166, la autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades del país. La autorización consta en el expediente 203/ 2020 con fecha del 18 de febrero de 2022, el cual se venció hace unas semanas.
En el documento, que firma el director general de Seguridad Privada de la SSPC, Ignacio Hernández Orduña, también se validó un “dictamen en materia de capacitación”, que fue emitido por la Dirección de Licencias Oficiales, Concertación y Profesionalización, con fecha del 8 de marzo de 2022, en el que se señala que “la empresa de mérito cumple en materia de capacitación y adiestramiento”.
Este aval en materia de capacitación y adiestramiento se dio el mismo día que el INM firmó el contrato por adjudicación directa con dicha empresa, que comprendió del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por un monto de 165 millones de pesos.
Rosa Icela Rodríguez dijo que se tienen identificados a los socios de la firma, de nombres de David Vicente Salazar Gasca y George McPail.
Por su parte, la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, dijo que se concedieron seis órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la tragedia.
Las órdenes son para detener a tres funcionarios del INM, dos elementos de seguridad privada y a la persona migrante que inició el incendio, quienes están acusados por los delitos de homicidio doloso y lesiones en contra de los 62 extranjeros que se encontraban en el lugar.
Ayer también se reveló la nacionalidad de las víctimas mortales del incendio y de los 28 heridos que se encuentran en hospitales de Ciudad Juárez. Rosa Icela Rodríguez dijo que entre los fallecidos hay 18 ciudadanos de Guatemala, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras y uno de Colombia.
Sobre los lesionados, dijo que son 10 guatemaltecos, ocho hondureños, cinco salvadoreños y cinco venezolanos.
En Ciudad Juárez, empleados del INM protestaron en sus oficinas por la detención de tres de sus compañeros a quienes señalan de ser los que no permitieron la salida de los migrantes que fallecieron en el incendio.
Los detenidos fueron identificados como Daniel N, Gloria N y Rodolfo N, quienes fueron trasladados a las oficinas de la FGR donde se abrió la carpeta de investigación. Gloria N, de acuerdo con los manifestantes, fue detenida cuando trataba de cruzar a Estados Unidos.
La esposa de Daniel N, uno de los detenidos, publicó una carta en redes donde aclaró que el día de los hechos Daniel no estaba en la oficina, que se encontraba en su casa porque ese día no tuvo turno.
Sin pleito, SEGOB y SRE
“Ebrard es mi compañero de gobierno”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, quien negó que exista un conflicto político con el canciller tras el incendio del lunes en el que murieron 39 personas y sus posteriores declaraciones de que la migración es responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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Tras un evento organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Adán Augusto dijo a medios de comunicación que no puede haber conflicto con el titular de Relaciones Exteriores y reiteró que el incendio fue a causa de los propios migrantes.
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