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Sin vida fueron localizados dos migrantes menores de edad en un callejón de Tijuana, Baja California, la noche del sábado 15 de diciembre de 2018. Sus cuerpos tenían rastros de haber sido estrangulados y apuñalados. Otro menor que los acompañaba logró escapar y narró a las autoridades que, tras salir del albergue Benito Juárez, fueron interceptados en el camino por una mujer, quien llamó a otros dos sujetos que intentaron robarles. Luego se dio el crimen.
Su historia es parte de los al menos mil 93 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación migratoria irregular que manifestaron haber sido víctimas de delitos en México entre enero de 2016 y junio de 2021, de acuerdo con las estadísticas de “Delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en México”, del Instituto Nacional de Migración (INM).
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En otras palabras, cada dos días un extranjero menor de edad padeció algún tipo de delito o agresión en su contra.
Considerando que la cifra negra (los delitos que no se denuncian) es mucho mayor, los niños migrantes se convierten en el sector más vulnerable ante la delincuencia común y organizada, lo mismo que por parte de autoridades y otros migrantes.
“Es un tema muy delicado. Hablamos de una población que ya de por sí es vulnerable en el sentido de que son migrantes, que están fuera de su país, y aun así surgen estas situaciones”, señala José Lugo, coordinador de Incidencia Política y Protección de Save the Children en México.
“Nosotros hemos estado haciendo un análisis de diferentes contextos en estados de la República, del norte y del sur, y bueno, además de las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, la parte de homicidios, hay muchos delitos que no salen a la luz de las cifras oficiales. Las cifras reales seguramente son mucho mayores lamentablemente, pues por la característica de la población migrante no hay denuncias (...) también va a tener un subregistro”, agrega Lugo.
Las cifras del INM indican que el tráfico ilícito de migrantes, robo, secuestro, extorsión o chantaje y otros actos que causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte son los principales delitos que sufren las niñas, niños y adolescentes migrantes.
En la lista también aparecen la trata de personas con otros fines, violación por presunción legal, tentativa de homicidio intencional, retención ilegal, agresión sexual física, agresión grave, abuso de funciones, agresión sexual no física y robo a personas en lugares públicos.
Otro dato es que estas mil 93 denuncias contra menores de edad representan la quinta parte de los cinco mil 378 delitos registrados contra la población migrante en todo el país durante los últimos seis años y medio, según documentó el Instituto.
Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León concentran 85 por ciento de los delitos contra extranjeros en tránsito como publicó este diario en su edición del 20 de agosto.
El coordinador de Save the Children subraya que adicional a los delitos que registra el INM existen otros relacionados con la trata de personas en su modalidad de condición sexual y laboral.
“Hemos tenido algunos testimonios de niñas adolescentes sobrevivientes a estos tipos de delitos o que están en riesgo latente por la situación de vulnerabilidad. Hay muchas adolescentes que viven en un contexto en donde viajan solas o están con alguna pareja que es mayor de edad. Ahí hay abusos sexuales. A veces en los contextos migratorios se normaliza que haya niñas adolescentes con una persona adulta y se normaliza que sea una “unión familiar” cuando realmente estamos frente a un tema de abuso”, denuncia.
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Añade que las niñas y adolescentes extranjeras tienen que viajar con pastillas anticonceptivas porque saben que en algún momento pueden abusar de ellas o que se les solicitan favores sexuales.
“El propio pollero, en las conductas de los acompañantes a veces sucede (..) Hay una violencia que hay también entre autoridades, funcionarios públicos, que se aprovechan de esa situación”, relata. Los datos del INM muestran al menos tres registros de delitos contra menores por abuso de funciones.
“Ha habido casos muy delicados en donde la propia autoridad que tiene que proteger a las mujeres –en particular, a niños, niñas, adolescentes–, se aprovecha de esta función para pedir favores sexuales a cambio de una acción”, lamenta. Esto también sucede también en los albergues, aunque no se puede generalizar, dice.
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