.jpg "JORNALEROS-CANADA-reuters (3).jpg")
Noé es un veterano con larga experiencia en el campo, pues lleva varios años yendo a trabajar a las granjas de Canadá bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). Sin embargo, este año ha sido distinto pues tiene miedo a infectarse de coronavirus y morir.
Angustiado, asegura que ni los empleadores canadienses ni el gobierno mexicano brindan los kits de seguridad sanitaria, por lo que ha sido él quien ha tenido que comprar hasta en 17 dólares (unos 347 pesos mexicanos) sus mascarillas de protección. Además, dice, no se puede guardar la sana distancia en la pizca.
“Yo tengo que comprar mi seguro de gastos médicos. El gobierno no nos lo da. Tenemos que pagarlo y lo peor, te enfermas y el patrón no te deja ir al hospital, entonces se corre el riesgo de contagiarse y a lo mejor, morir”, dijo en entrevista con El Sol de México.
El temor de Noé lo viven miles de mexicanos que este año han viajado a Canadá, donde la muerte de tres connacionales trabajadores agrícolas por Covid-19 hizo evidente las condiciones en que los jornaleros laboran en los campos de ese país.
Carlos Rojas, integrante de la organización Conseil Migrant en Quebec asegura que el coronavirus sólo agravó los problemas de higiene, salud y vida a los que se enfrentan los trabajadores agrícolas en la nación de la hoja de maple.
En entrevista, puntualizó que las condiciones de vida de los jornaleros y trabajadores agrícolas son difíciles, “ya que llegan y tienen que vivir en casas o en galerones, hacinados en muchas ocasiones sin las medidas necesarias de higiene.
Hay, dice, granjas en las que no tenían agua fría, sino solamente caliente, hirviendo, pues les ponen el medidor de temperatura al nivel más bajo para no gastar tanto en electricidad durante el invierno.
El activista sostiene que la propia Comisión de Derechos Humanos de la Persona, en Quebec, ha reconocido que la forma en la que está formulado el PTAT permite la esclavitud y se desprotege a las personas.
Abundó que los trabajadores agrícolas están en el limbo, pues quedan sin la protección de su estado de origen y sin la del receptor. “Cuando los trabajadores llegan a Canadá, muchos de los granjeros, de los patrones, creen que lo que les dan es más que suficiente porque al final del día les están haciendo un favor con darles trabajo”, explicó.
Rojas considera que se trata de un problema estructural pues desde que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales se firmó con Canadá en 1974, no ha tenido modificaciones que lo actualice y adecúe a situaciones como la que se traviesa en estos momentos por la pandemia de Covid.
Se requiere además, afirma, que las autoridades mexicanas realicen las visitas necesarias a las granjas para verificar la seguridad de sus connacionales. “Aquí hay que centrarse en hacer una revisión del acuerdo y necesitamos que los países de origen, en este caso México, tengan un papel más activo en la protección de sus ciudadanos y en demandar la seguridad de sus ciudadanos. Además, que los trabajadores agrícolas recuerden que ellos también tienen derechos humanos y tienen derecho a ser tratados como ciudadanos a los países a los que van. Es una oportunidad muy buena salir a trabajar, pagados en dólares, pero debemos recordar que Canadá requiere de esa mano de obra”, subraya.
Debido al aumento de contagios entre los trabajadores mexicanos en Canadá, el gobierno de México decidió suspender el programa binacional pero sólo por cinco días, en los que se acordaron mejorar las condiciones para los connacionales, quienes, sin embargo, continúan con miedo a enfermar.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 2018 participaron en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 25 mil 331 trabajadores agrícolas mexicanos, de los cuales 751 fueron mujeres, mientras que en la temporada 2019, viajaron a ese país 26 mil 399 trabajadores agrícolas, entre ellos 774 mujeres. Para este año ya son 16 mil los connacionales en el campo canadiense.
“Uno llega a trabajar a otro país en granjas que están aisladas, donde muchas veces los servicios médicos no están a la mano y ellos tienen la presión de tener que trabajar; hay reportes de que se les hace laborar hasta 18 horas diarias, seis o siete días a la semana, se vuelve un círculo vicioso en el que los engañan con promesas de que se les va a contratar el año siguiente y a pesar de que no estén de acuerdo, muchos lo aceptan porque al final del día para ellos es un ingreso que les permite mantener a sus familias y no tener problemas”, concluye Rojas.
Te recomendamos el podcast ⬇️
