Ante la movilización de la comunidad estudiantil y académica del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y otras universidades públicas del país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) postergó la sesión extraordinaria en la que perfilaba aplicar una serie de modificaciones al reglamento interno del instituto.
“Se reunieron virtualmente y había quórum, pero del Conacyt alegaron que el Banco de México no había recibido la información sobre la asamblea en tiempo y forma y pidieron que se postergara”, informó a El Sol de México una fuente allegada al conflicto.
En esta reunión, el Conacyt había citado a los miembros de la Asamblea de Asociados del CIDE, conformada por representantes de las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía, así como del Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y el Banco de México.
Sin embargo, éstos recibieron por parte de la comunidad académica del CIDE una serie de copias que comprobaban las quejas y denuncias administrativas que los profesores tramitaron ante el Órgano Interno de Control del CIDE, con las que les hicieron ver que podían “incurrir en responsabilidad si se prestaban” a las modificaciones al reglamento.
“Los integrantes de la Asamblea están de acuerdo en que el Conacyt está manejando muy mal las cosas e iban a proponer hoy en la asamblea (que) en lugar de aceptar los cambios que propone el Conacyt, hubiera un proceso de diálogo con el CIDE, mediado por el Colegio de México”, aseguró la fuente allegada al conflicto.
Una de estas denuncias fue presentada por el profesor Javier Martín Reyes, académico del CIDE, quien a través de su cuenta de Twitter mostró el documento de su denuncia en la que pidió, además, “iniciar una investigación” y tomarlo en cuenta como “denunciante en la investigación correspondiente”.
“Es de conocimiento de la comunidad académica del CIDE que, al día de la fecha, el proyecto de reformas al Estatuto señalado anteriormente no se ha sometido al conocimiento y aprobación del Consejo Académico”, lo cual es una ilegalidad, pues este es el primer órgano que debe aprobar toda modificación al instituto, señala el documento.
Otro aspecto que influyó fue la participación activa de la Universidad de Guadalajara (UDG), la segunda universidad más grande de México, que a través de unos desplegados publicados en diversos medios de comunicación demandaron la “no intervención autoritaria del Conacyt”.
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