San José, Costa Rica.- Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en el caso de de 11 mujeres que fueron ultrajadas y violadas por policías en San Salvador Atenco en 2006.
En el segundo día de audiencia en la CorteIDH por el caso "Mariana Selvas Gómez y otras", la defensa de las mujeres criticó hoy a México porque "no se ha condenado a nadie".
En varios turnos, las representantes de las mujeres señalaron que "los hechos de tortura, abusos y violaciones no son hechos aislados, sino coordinados", y que "la violencia es una característica central del modelo policiaco de México".
Señalaron que las investigaciones de los hechos llegaron "tarde y mal", que las autoridades "propiciaron un clima favorable a lo ocurrido" e insistieron en que las medidas reparadoras que exigen son la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos, porque "la impunidad fomenta la repetición".
Sobre las medidas legislativas que tomó México en los últimos años, señalaron que "no han demostrado su efectividad. Todo lo contrario".
"Informes de observadores de los derechos humanos demuestran que las prácticas de tortura sexual a las mujeres son sistemáticas en el país", agregaron.
MÉXICO REITERA DISCULPAS PÚBLICAS
En su turno, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que "México reconoce su responsabilidad en los hechos".
"El 14 de mayo de 2013, México expresó su reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió disculpas públicas por los hechos y, en particular, por las violaciones a las 11 mujeres", y reiteró "la convicción del Gobierno de México de que las violaciones de los derechos humanos deben ser reparadas", dijo el representante del Estado.
Negó que los ultrajes fueran realizados "en un clima favorable", aunque reconoció que los policías actuaron afectados por las agresiones que sufrieron por parte de los manifestantes, que cortaron una carretera y hasta amenazaron con volar un camión de combustible.
"Reportamos 64 policías heridos, algunos por arma de fuego", señaló.
Sobre las medidas reparadoras que México ofreció a las víctimas: becas, ayudas sanitarias, viviendas, ayudas de formación, etcétera, argumentó que habían sido rechazadas.
Por su parte, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que "se imputaron a 52 policías, 18 de ellos se encuentran en fase de instrucción, hubo una condena por abusos libidinosos, pero más tarde se revocó, se han levantado 36 infracciones administrativas a policías y recogido más de 200 testimonios".
MUJERES PIDEN INVESTIGACIÓN A FONDO Y JUSTICIA
En su réplica, Marcela Martín, subdirectora del Proyecto para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, insistió en que las primeras reparaciones que deben ofrecer son "la investigación en profundidad, el reconocimiento de todos los hechos, no solo parcialmente, y la justicia".
De acuerdo con el escrito presentado en la corte por las agraviadas, durante el 3 y 4 de mayo de 2006 fuerzas de seguridad del Estado habrían desalojado a floricultores de un mercado en el municipio Texcoco, en el que protestaban por la expropiación de tierras para construir el aeropuerto, con uso excesivo de la fuerza pública.
La situación habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal, lo que desencadenó enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los floricultores, así como allanamientos y detenciones masivas.
"En los dos días, más de 200 personas habrían sido detenidas, dos civiles perdieron la vida y 67 policías federales resultaron heridos", sostiene el escrito.
Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, entre ellas las 11 de este caso, quienes reportaron haber sufrido diversas formas de violencia física y verbal.
||Con información de EFE||
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