El cobro de moches tiene un monto aproximado de hasta 30 por ciento para los mexicanos, razón por la cual el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha planteado su eliminación.
“La corrupción del sector público representa un impuesto de hasta 20 por ciento para los mexicanos (en algunos casos es un poco más, como en los moches al presupuesto de obras municipales, donde la tasa es del 30 %, sujeto a negociación política)”, manifiesta uno de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador.
El senador de Morena el Congreso de la Unión debe ser ejemplo de honestidad y austeridad, ya que en su momento los moches aparecieron como una perversión del sistema de control político.
“Hay que atajarle el paso a la corrupción, que se manifiesta en una democracia inacabada y origina que las cámaras legislativas se integren por personas que obedecen a una élite, en lugar de servir al pueblo”, expresa.
En 2006 después de la reñida y cuestionable elección presidencial en la que Felipe Calderón fue proclamado presidente de la República, los ánimos en el país se encontraban polarizados y divididos; el Congreso de la Unión no era ajeno a dicho escenario.
Ante un Poder Legislativo dividido y sin la posibilidad de que su bancada lograra el avance del presupuesto de egresos planteado: “El nuevo presidente optó por ofrecer una bolsa de 5 mil millones de pesos que serían asignados a discreción por los representantes de la Cámara Baja: 10 millones que cada uno destinaría a la realización de obra pública, o Ramo 23, en los estados y municipios que ellos determinaran”, recuerda Monreal Ávila.
En noviembre de 2013, en diversos diarios de circulación nacional, se dio a conocer que tal estrategia era utilizada por coordinadores de diversas bancadas de la Cámara de Diputados para obtener ganancias a partir de recursos del Fondo de Pavimentación. En ese entonces diversos presidentes municipales, principalmente de Aguascalientes y Guanajuato, denunciaron el cobro de al menos el 35 % de los recursos presupuestados y la obligación de que empresas específicas llevaran a cabo la realización de la obra.
“A pesar del cambio de gobierno y de que el mismo tiene control absoluto del Congreso, con variación en las entidades, es una práctica que se mantiene hasta nuestros días”, manifiesta.
“Es en ese panorama político donde un puñado de legisladores se encontró con la oportunidad de generar ganancias a partir de la asignación de recursos federales, una práctica en la que se condiciona la entrega de los mismos a cambio del pago de una comisión y de la contratación de una empresa amiga para la realización del proyecto”, concluye.
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