El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tenga facultades para investigar y perseguir delitos.
Justo 24 horas después de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de reforma constitucional a la Guardia Nacional, el Senado inició una sesión nocturna al filo de las 21:50 horas, la tercera del día.
Con una moción suspensiva, la oposición intentó frenar el debate, pero los números no les favorecieron y el bloque de Morena, PT y PVEM avaló continuar con la discusión nocturna que se extendió hasta la madrugada del miércoles, atravesando por posicionamientos particulares, de grupo parlamentario, una discusión en lo general y, posteriormente, otra en lo particular.
Luego de ocho horas de debate y con la presencia de los 128 senadores, el oficialismo consiguió la mayoría calificada con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez. El veracruzano rechazó los riesgos de autoritarismo o militarización del país y calificó a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, como una mujer que ha emergido de la lucha social, por lo que le externó su confianza y apuntó su voto a favor.
Cerca de veinte senadores presentaron reservas a los artículos de la Constitución modificados, no obstante, ninguna de éstas fue admitida por el pleno de la Cámara alta. Con ello, el dictamen quedó en los mismos términos con los que se aprobó en comisiones. El bloque mayoritario utilizó su superioridad numérica y no permitió que ninguna de las reservas se discutiera.
Al principio de la sesión, la senadora morenista Citlalli Hernández fue la responsable de presentar los pormenores del dictamen. Desde la tribuna de la Cámara, destacó que la creación de la Guardia Nacional fue “un golpe de timón frente a las políticas de seguridad fallidas de los anteriores gobiernos”.
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“El dictamen que hoy se presenta es resultado de un amplio consenso que se percibe en todo el país en materia de seguridad ciudadano”, afirmó Hernández Mora.
Agregó que tanto el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuentan con amplio nivel de aprobación, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. En contraste, puntualizó que la confianza en las policías estatales es sólo de 56.8 por ciento; y en las policías municipales de 48.7 por ciento. Con dichos datos, la senadora justificó que la Guardia Nacional pueda ser controlada operativamente por la Sedena.
El debate avanzó, y Ricardo Anaya, senador de Acción Nacional, criticó el alza continua de homicidios y desapariciones en los últimos tres sexenios, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, Marko Cortés recordó que en 2019 la oposición dio su voto de confianza para la creación de la Guardia Nacional puesto que dicho cuerpo policíaco tendría un mando civil. Acusó que dicha confianza se traicionó cuando se colocó a un mando militar al frente de la Guardia Nacional.
El emecista Luis Donaldo Colosio Riojas aprovechó su posicionamiento en contra para recordar diversos casos en que el papel del Ejército en tareas de seguridad ha arrojado víctimas inocentes por el uso letal de la fuerza. Con ello sostuvo que la seguridad debe ser civil y sobre todo, local.
En contraparte, el senador de Morena, Javier Corral, se comprometió a establecer líneas de trabajo desde la Comisión de Justicia -la cuál él preside- ante las diversas preocupaciones externadas por la oposición. No obstante denunció la existencia de un debate más politizado que preocupado por la seguridad de las personas y refrendó su postura a favor.
La iniciativa aprobada contiene modificaciones para que el control administrativo de la Guardia Nacional quede en manos de Sedena, así como que el cuerpo de seguridad tenga facultades para la investigación de delitos según su competencia.
También se establece que la Guardia Nacional deberá coordinarse con Ministerios Públicos y policías municipales, estatales y federales para conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Congreso de la Unión tendrá las facultades para ratificar nombramientos y ascensos de rango en la Guardia Nacional. También, las dos cámaras son las responsables de emitir leyes que regulen la participación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad.
El funcionamiento y organización de la Guardia Nacional se regirá por las leyes vigentes, mientras que en un lapso de 180 días después de que se publique el decreto, el Congreso tendrá que armonizar el marco jurídico en la materia.
Dichas modificaciones a la Constitución en materia de Guardia Nacional se aprobaron horas después de que afuera del Senado, normalistas rurales y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 realizaron protestas en el marco de los 10 años del crimen de Estado.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos cuestionó la aprobación de la reforma que permite que el Ejército controle a la corporación dedicada a la seguridad pública, debido a que, acusó, es una institución opaca que no ha rendido cuentas en el caso Ayotzinapa.
En los posicionamientos por grupo parlamentario, PRI, PAN y MC mantuvieron firme su posicionamiento en contra de la reforma, pero PT y PVEM sostuvieron su voto a favor junto a Morena.
A nombre del grupo mayoritario, Omar García Harfuch, senador morenista y próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó que el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena no se traduce en militarización, además de que no es el único eje del siguiente gobierno para atender la inseguridad en el país.
“Lo que está buscando este gobierno es trabajar con máxima coordinación entre la Sedena, Semar y las 32 entidades federativas (...) es una responsabilidad compartida entre la federación y las entidades federativas”, remarcó.
“El objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación y prevenir actos delictivos”, agregó.
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Con su aprobación en el Senado, el dictamen en materia de Guardia Nacional fue turnado a las legislaturas locales, donde tendrá que ser aprobada en más de 17 Congresos para cumplir los requisitos que requiere una reforma constitucional. De la misma manera que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, se prevé su rápida aprobación en los estados y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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