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La emergencia sanitaria por Covid-19 ha exigido un mayor nivel de protección de datos personales, por lo que se vuelve necesario tener “ Ombudsman digital” que garantice el cuidado de éstos, consideró el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez.
Al participar en el Congreso virtual “Transparencia y justicia abierta en el marco del Covid-19”, expuso que no se debe perder de vista la figura de “ombudsman digital”, ya que a partir del enorme manejo de datos personales que las empresas realizan, se exige un mayor nivel de protección y tutela de la información personal de la ciudadanía en todo el mundo, y argumentó que la presencia del nuevo virus en nuestro país ha mostrado la capacidad de instituciones y empresas para facilitar el ejercicio de los derechos a través de la tecnología, y no se debe perder de vista que aún se tiene que trabajar en la universalidad del acceso a la tecnología como una nueva forma de ejercer los derechos fundamentales.
Durante su participación, afirmó que el concepto de justicia abierta exige la capacidad de las autoridades de verdaderamente acercar la justicia a las personas, y tras señalar que las herramientas que nos ofrece la tecnología hoy pueden ayudar a hacer una justicia mucho más pronta, expedita y transparente, consideró que los proveedores de redes sociales deben ser vistos como aliados estratégicos.
Por su parte, Sergio Arturo Guerrero, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, recalcó que los tribunales abiertos deben avocarse a la digitalización y a la comprensión de los derechos digitales, los cuales son los derechos humanos en la web, ofreciendo ventanillas de acceso virtuales y demandas disponibles al público para poder generar autodefensas.
Respecto al tema de justicia abierta, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, afirmó que es imperiosa la necesidad de instaurar un modelo de justicia en línea que permita acercar a la ciudadanía la jurisdicción electoral federal, y que además garantice que la protección de la democracia y los derechos político-electorales de la sociedad no se vean afectadas.
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