Aun año de que Raúl Cervantes Andrade renunciara como Procurador General de la República, casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Odebrecht, el proceso contra exgobernadores acusados de corrupción, Nochixtlán, Tlatlaya y el presunto espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas por medio del software Pegasus, siguen sin resolverse, e incluso podrían venirse abajo ante la mala integración de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público de la Federación.
A su salida de la PGR, Cervantes Andrade envió al Senado de la República un estudio donde señala las deficiencias y carencias que enfrenta la institución ante la entrada del nuevo Sistema Penal Acusatorio, e indicó que la arquitectura institucional de la PGR era inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema.
“Hay un uso muy limitado de los medios y de las salidas alternas de solución de controversias, se padece una desintegración en todas las capas de la organización de la PGR: normas, procesos, recursos humanos e información y casi dos mil funcionarios implicados en mil 134 casos de corrupción, entre ellos el de la constructora brasileña Odebrecht, están bajo investigación”, se advierte en el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio que Cervantes entregó al Senado.
Tras la renuncia, asumió como encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; hasta la fecha, a menos de dos meses del fin de sexenio, no se ha alcanzado el acuerdo en el Senado para nombrar al titular.
Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, —que Cervantes Andrade tuvo en sus manos— jueces y magistrados han llegado a la conclusión de que la mayoría de los detenidos por ese caso fueron torturados durante los interrogatorios, lo que constituye una violación a la presunción de inocencia, y permitió que ocho integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos ligados de manera directa con el secuestro y desaparición de los normalistas hayan salido libres por falta de pruebas.
CASO ODEBRECHT
En su renuncia el 16 de octubre de 2017, Raúl Cervantes Andrade informó que en el caso Odebrecht se habían concluido las investigaciones sobre uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que se haya visto en América Latina .
Posteriormente, el encargado del despacho, Alberto Elias Beltrán sostuvo que antes de que termine el sexenio, el caso se judicializará y se llevará ante la ley a los responsables del desfalco. No obstante las investigación no avanza.
CASO DUARTE
Aunque el exprocurador Cervantes indicó que en su gestión armaron investigaciones contra funcionarios que se sentían intocables, como exgobernadores, que cometieron abusos y excesos, así como contra alcaldes que pactaron con la delincuencia, a un año de su renuncia, la PGR reconoció que la investigación del caso del exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuvo errores importantes de inicio, aunque sostiene que la sentencia de nueve años dictada evitó que el caso quedara en la impunidad.
De acuerdo con el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dijo que el caso contra Duarte iniciado en 2016 y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.