Las cuatro declarantes del grupo de once mujeres que hoy participaron en la vista de la mañana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre los presuntos ultrajes que sufrieron a manos de policías en 2006 en México, solicitaron "investigación a fondo y que paguen los culpables".
Norma Jiménez Osorio, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez y Angélica Patricia Torres solicitaron públicamente a la Corte que obligue al estado de México a "reconocer los hechos, investigarlos y que paguen los culpables" y ofrecieron la propuesta de creación de un espacio dedicado a la Memoria de los hechos.
El representante de México, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Miguel Ruiz Cabañas, dijo a la Corte que México reconoció en 2013 su responsabilidad de este caso.
Los representantes del estado mexicano solicitaron a las víctimas que les dijeran qué podrían hacer para resarcirles. La respuesta de las cuatro fue la misma "investigación de lo ocurrido, detención y procesamiento de todos los culpables. De todos".
Norma Jiménez Osorio solicitó al estado mexicano "el pago de los culpables, reconocer la responsabilidad de México en los hechos y tomar medidas de reparación".
Bárbara Italia señaló que "solo se ha investigado a los elementos de bajo rango y el Estado hace todo lo posible por acallarnos", mientras que Angélica Patricia declaró que "no se ha castigado a nadie. No se ha dicho la verdad".
Las preguntas de los jueces de la Corte han sido, generalmente, encaminadas a conocer las garantías del proceso. Las interrogadas afirmaron su desasistencia legal en principio, la falta de cuidados médicos y de certificados sanitarios, el maltrato, y el incumplimiento de las mínimas garantías legales en sus declaraciones una vez detenidas.
La situación descrita fue tal, que el juez argentino, Eugenio Zaffaroni, después de preguntar a Bárbara Italia, resumió: "entonces... presa, declarando detrás de una reja, sin abogado y sin ver al juez".
Además, los jueces interrogaron sobre el tipo de fuerza policial que provocaron los aparentes abusos y solo Norma Jiménez dijo reconocer en el letrero del autobús en el que fue conducida, las siglas ASE (Agencia de Seguridad Estatal).
El resto de las interrogadas se limitaron a declarar sobre el color o las formas de los uniformes policiales de sus agresores.
En sus exposiciones, las mujeres dieron detalles de cómo fueron detenidas, golpeadas, ultrajadas y violadas, así como sus secuelas que van desde el alcoholismo y falta de deseo de tener hijos de Claudia Hernández, hasta la imposibilidad de leer un libro desde su detención, de Angélica Patricia Torres.
Acusadas del delito de "Ataque a la vías de comunicación" en algún caso con agravante, estuvieron entre cuatro meses y dos años en la cárcel, aunque el proceso penal para Norma Jiménez duró hasta cinco años, dos de cárcel y los tres restantes con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.
Según el escrito presentado en la Corte por las agraviadas, durante el 3 y 4 de mayo de 2006 fuerzas de seguridad del Estado habrían desalojado a floricultores de un mercado local en el municipio Texcoco, con uso excesivo de la fuerza pública.
Esta acción habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal, lo que generó enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los floricultores, así como allanamientos y detenciones masivas.
"En los dos días, más de 200 personas habrían sido detenidas, dos civiles perdieron la vida y 67 policías federales resultaron heridos", sostiene el escrito.
Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, siendo 11 las presuntas víctimas de este caso, quienes reportaron haber sufrido diversas formas de violencia física y verbal.
La vista se extenderá hasta mañana cuando previsiblemente las partes presenten sus alegaciones.
Las cuatro declarantes del grupo de once mujeres que hoy participaron en la vista de la mañana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre los presuntos ultrajes que sufrieron a manos de policías en 2006 en México, solicitaron "investigación a fondo y que paguen los culpables".
Norma Jiménez Osorio, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez y Angélica Patricia Torres solicitaron públicamente a la Corte que obligue al estado de México a "reconocer los hechos, investigarlos y que paguen los culpables" y ofrecieron la propuesta de creación de un espacio dedicado a la Memoria de los hechos.
El representante de México, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Miguel Ruiz Cabañas, dijo a la Corte que México reconoció en 2013 su responsabilidad de este caso.
Los representantes del estado mexicano solicitaron a las víctimas que les dijeran qué podrían hacer para resarcirles. La respuesta de las cuatro fue la misma "investigación de lo ocurrido, detención y procesamiento de todos los culpables. De todos".
Norma Jiménez Osorio solicitó al estado mexicano "el pago de los culpables, reconocer la responsabilidad de México en los hechos y tomar medidas de reparación".
Bárbara Italia señaló que "solo se ha investigado a los elementos de bajo rango y el Estado hace todo lo posible por acallarnos", mientras que Angélica Patricia declaró que "no se ha castigado a nadie. No se ha dicho la verdad".
Las preguntas de los jueces de la Corte han sido, generalmente, encaminadas a conocer las garantías del proceso. Las interrogadas afirmaron su desasistencia legal en principio, la falta de cuidados médicos y de certificados sanitarios, el maltrato, y el incumplimiento de las mínimas garantías legales en sus declaraciones una vez detenidas.
La situación descrita fue tal, que el juez argentino, Eugenio Zaffaroni, después de preguntar a Bárbara Italia, resumió: "entonces... presa, declarando detrás de una reja, sin abogado y sin ver al juez".
Además, los jueces interrogaron sobre el tipo de fuerza policial que provocaron los aparentes abusos y solo Norma Jiménez dijo reconocer en el letrero del autobús en el que fue conducida, las siglas ASE (Agencia de Seguridad Estatal).
El resto de las interrogadas se limitaron a declarar sobre el color o las formas de los uniformes policiales de sus agresores.
En sus exposiciones, las mujeres dieron detalles de cómo fueron detenidas, golpeadas, ultrajadas y violadas, así como sus secuelas que van desde el alcoholismo y falta de deseo de tener hijos de Claudia Hernández, hasta la imposibilidad de leer un libro desde su detención, de Angélica Patricia Torres.
Acusadas del delito de "Ataque a la vías de comunicación" en algún caso con agravante, estuvieron entre cuatro meses y dos años en la cárcel, aunque el proceso penal para Norma Jiménez duró hasta cinco años, dos de cárcel y los tres restantes con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.
Según el escrito presentado en la Corte por las agraviadas, durante el 3 y 4 de mayo de 2006 fuerzas de seguridad del Estado habrían desalojado a floricultores de un mercado local en el municipio Texcoco, con uso excesivo de la fuerza pública.
Esta acción habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal, lo que generó enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los floricultores, así como allanamientos y detenciones masivas.
"En los dos días, más de 200 personas habrían sido detenidas, dos civiles perdieron la vida y 67 policías federales resultaron heridos", sostiene el escrito.
Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, siendo 11 las presuntas víctimas de este caso, quienes reportaron haber sufrido diversas formas de violencia física y verbal.
La vista se extenderá hasta mañana cuando previsiblemente las partes presenten sus alegaciones.
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