El Instituto Nacional de Migración (INM) separó del cargo a ocho funcionarios que laboraban en una oficina regional de Nuevo León tras identificar que retuvieron una camioneta Toyota donde a finales de enero fueron hallados 19 cuerpos calcinados, -entre ellos varios guatemaltecos-, en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
A través de un comunicado, el INM señaló que los servidores públicos incumplieron con los protocolos al retener el vehículo en diciembre por transportar a migrantes "irregulares" en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Dicha camioneta fue encontrada un mes después en Camargo con 19 cadáveres.
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"El INM determinó la separación de su cargo de ocho funcionarios (...) lo anterior, derivado de la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento al retener la camioneta Toyota que se encontró -en diciembre de 2020- durante la identificación de personas migrantes irregulares en el municipio de Escobedo, y que se relaciona en una indagatoria iniciada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por el delito de homicidio de 19 personas en enero de 2021", sostuvo.
El INM también detalló que fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar.
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Hasta el momento, el INM no ha dado a conocer los nombres de los funcionarios que fueron separados del cargo.
Cabe resaltar que este miércoles durante conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que habían sido destituidos agentes del INM por sospechas de estar involucrados en la masacre.
"Se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios, entre otros los de Camargo, cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares, fueron cesados y, no sólo eso, se le dio vista al Ministerio Público", sostuvo Sánchez Cordero.
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El crimen ha evocado comparaciones de la ONU con una masacre de 72 migrantes que ocurrió en esa misma región en 2010, algo que el gobierno de México ha rechazado con el argumento que en esta ocasión "no habrá impunidad". Ese caso fue uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México, en el que se asesinó a 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando.
"Estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables y cualquier denuncia que tengamos en relación de alguno de nuestro personal de migración o de los policías o de cualquier otra instancia de gobierno que viole derechos humanos tenemos que tener las investigaciones", señaló Sánchez Cordero.
La titular de la Segob, de la que depende el INM, aseveró que han colaborado con la Fiscalía de Tamaulipas, que "está avanzando mucho en las investigaciones".
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En tanto, la Fiscalía de Tamaulipas informó el martes que investigaciones de la masacre, ocurrida el 24 de enero, mostraron que 12 efectivos probablemente estuvieron involucrados en el crimen, por lo que se les ejecutaron órdenes de aprehensión por los delitos homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad documental.
Tras la captura de los oficiales ligados al caso, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que no habrá impunidad en el caso y que se aplicarán sanciones con el máximo rigor de la ley.
|| Con información de EFE ||
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