La Fiscalía General de la República (FGR) continúa abriendo investigaciones contra Julio Scherer, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, y otros abogados de alto perfil y funcionarios públicos cercanos al exfuncionario e implicados en casos como AgroNitrogenados, OHL, Cruz Azul o La Estafa Maestra.
La información fue confirmada por el abogado Paulo Díez Gargari, quien informó públicamente que él es uno de los denunciantes en contra de quien fuera uno de los principales operadores políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Informe que he presentado una denuncia de hechos con apariencia de delito en contra del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de otras personas, integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, creada por Julio Schrer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder político”, señaló a través de un comunicado.
De acuerdo con el abogado, entre las empresas que se han beneficiado de “la actividad corrupta de esta red” está la empresa Aleatica, S.A.B. de C.V. (antes OHL) y su accionista de control IFM Global Infrastructure Fund, un fideicomiso sin personalidad jurídica constituido en las Islas Caimán.
Por ello anunció que su denuncia incluye acusaciones por los probables delitos de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y contra la administración de la justicia.
Los primeros investigados por el Ministerio Público son los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnaut e Issac Pérez Rodríguez, quienes ya están citados a comparecer para el próximo 28 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte bajo la causa penal 550/2021.
La FGR judicializó esta primera carpeta de investigación desde diciembre del año pasado, es decir, tan solo tres meses después de que Julio Scherer dejó su cargo, quien se desempeñó como consejero jurídico del presidente del 1 de diciembre de 2018 al 2 de septiembre de 2021.
Según las indagatorias, los abogados presuntamente habrían pedido dinero a cambio de las promesas de retrasar procesos, impedir detenciones u obtener beneficios judiciales a personas procesadas como el abogado Juan Collado, los empresarios Alonso Ancira o Guillermo Álvarez Cuevas o el exfuncionario Emilio Zebadúa, e incluso a fugitivos como Inés Gómez Mont y su esposo Manuel Álvarez Puga, quienes están relacionados a los principales casos de corrupción del país.
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Sin embargo, existen al menos otras dos carpetas de investigación en curso que incluyen a abogados de otros despachos y demás servidores públicos que presuntamente habrían aprovechado su relación con Scherer para obtener beneficios personales, investigaciones que se sabe están bajo la dirigencia del subprocurador Juan Ramos, mano derecho del fiscal Alejandro Gertz Manero.
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