Los gobiernos estatales deben aclarar el destino de más de dos mil millones de pesos que les otorgó la Federación para sanear sus finanzas públicas, pero que no fueron debidamente documentados, y de otros dos mil millones de pesos que adquirieron a través de instrumentos de deuda al margen de los lineamientos que marca la Ley de Coordinación Fiscal.
En suma, las irregularidades en el rubro de saneamiento financiero de las entidades federativas ascienden a cuatro mil millones de pesos, lo que equivale a la mitad de los ocho mil 206 millones de pesos pendientes de solventar que arrojó la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2023 en toda la administración pública.
Una de las principales herramientas con que cuenta la Federación para socorrer a los estados en sus proyectos de infraestructura, en el alivio de sus adeudos o para encarar contingencias financieras es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Dicho fondo es el que presentó mayores irregularidades en el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregado a la Cámara de Diputados, con dos mil 67.2 millones de pesos pendientes de justificar.
Jalisco, gobernado por el emecista Enrique Alfaro, debe aclarar la utilización de 747.4 millones de pesos del FAFEF, lo que la convierte en la entidad con más anomalías en este renglón.
“No se proporcionó la documentación justificativa que soporta administrativamente los pagos como las hojas de resumen, el estado contable, el detalle de la estimación, los generadores de obra, los croquis y las fotografías de los contratos de obra observados por 747.4 millones de pesos”, señala la auditoría 2023-A-14000-19-1212-2024.
La investigación detalla que entre el cúmulo de irregularidades contables no fue posible localizar los planos donde puedan visualizarse los trabajos realizados en cinco contratos de obra y pagos por trabajos efectuados en ejercicios fiscales anteriores a 2023.
Por ley, los recursos del FAFEF pueden invertirse en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de pensiones, modernización de sistemas de recaudación o sistemas de protección civil, pero no para gasto corriente u operativo.
Puebla, gobernado por el morenista Sergio Salomón Céspedes, es la entidad con el segundo mayor monto por justificar: 489.8 millones de pesos.
La auditoría 2023-A-21000-19-1601-2024 señala que las autoridades poblanas incurrieron en “deficiencias en la integración de los expedientes de servicios, como la falta del acta entrega-recepción y, en el caso de la obra pública, la falta de documentación que acredite el proceso de contratación y adjudicación como son las convocatorias, las bases de licitación, las actas constitutivas de las empresas participantes, así como las fianzas de vicios ocultos y garantías en diversos contratos de obra pública”.
El documento agrega que en la contratación de obra pública, se observaron “deficiencias en la integración de la documentación del proceso de adjudicación por 489 millones 862 mil pesos que no justifican ni comprueban el gasto”.
Otras entidades con montos importantes por aclarar son Durango (287.1 millones de pesos), Veracruz (167.8 millones) y Morelos (140.6 millones), todas ellas por falta de documentación que compruebe contratación de bienes y servicios, y pagos al margen de la norma.
El segundo aspecto del gasto federalizado donde hubo montos elevados de recursos sin justificar es el denominado Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde el papel de la ASF es vigilar que el endeudamiento de los estados sea conforme a la normatividad contable.
En este terreno, las mayores anomalías fueron cometidas por el gobierno de Baja California Sur, que encabeza el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, con mil 377.9 millones de pesos sin solventar.
El expediente 2023-A-03000-19-0508-2024 detalla que el gobierno del estado “no concilió la información financiera reportada de manera trimestral”, además de registrar “un incremento en el importe pagado para servicios personales en relación con el monto asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, y se obtuvieron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, de los cuales no proporcionó la documentación que acreditó el destino a un fin específico”.
El segundo gobernador con más anomalías en sus procedimientos para la contratación de deuda es Durango, gobernado por el priista Esteban Villegas, cuya administración debe aclarar el manejo de 518.4 millones de pesos.
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La auditoría 2023-A-10000-19-0865-2024 destaca que el gobierno del estado realizó contrataciones de deuda pública a largo plazo y a corto plazo conforme a lo establecido en la legislación; generó balances presupuestarios sostenibles y realizó de manera oportuna la inscripción y publicación en el Registro Público Único de los financiamientos y obligaciones contratados durante el ejercicio fiscal 2023.
Sin embargo, subraya, “incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que la solicitud del registro ante el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una reestructura se encontró fuera del plazo indicado por la normativa, no presentó el informe a la legislatura local de las dos reestructuras y no presentó la evidencia del destino de ingresos excedentes por 1.3 millones de pesos”.
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