La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre feminicidios ocurridos en el estado, en el que se registra un incremento significativo en los últimos años, al pasar de 21 casos en el 2000 a 100 casos en 2019; los asesinatos ocurrieron en su mayoría en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Yautepec, cuatro de los ocho que conforman la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en 2016. De acuerdo con datos del organismo, de 2000 a 2019 suman mil 35 feminicidios.
Juliana Quintanilla, Integrante de la CIDH, precisó que estos más de mil asesinatos ocurrieron en 32 de los 33 municipios del estado, siendo Cuernavaca, con 206 casos; Jiutepec, con 95; Temixco, con 77; Cuautla, con 61; Yautepec, con 60; Xochitepec, con 46; Puente de Ixtla, con 41; Jojutla, con 36, y Tepoztlán, con 33, las localidades en donde más ocurrieron este tipo de delitos.
Justo hoy (ayer) se cumplen 4 años y medio de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género; es el conjunto de acciones de emergencia para erradicar la violencia feminicida en un territorio determinad; tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar la desigualdad producida por la legislación que agravia sus derechos humano", explicó Juliana Quintanilla.
No obstante, del año 2016 en que fue declarada la AVG en Morelos han ocurrido 359 feminicidios, reporta la CIDH.
En el informe presentado en conferencia de prensa, Quintanilla emitió varias recomendaciones sobre las acciones que cada Poder del estado puede implementar para erradicar la violencia feminicida.
A la Fiscalía General de Justicia, restablezcer las Mesas de Trabajo para que se pueda determinar el estado de las carpetas de investigación y se integren debidamente para una correcta judicialización; al Congreso del Estado, armonizar la legislación local al Código Penal con los más altos estándares en materia de derechos humanos; una Mesa de Trabajo en la Comisión Estatal de Seguridad para que se tomen medidas de prevención definidas por la AVG.
En cuanto al sector educativo, señaló, "es necesario que se dé cumplimiento y seguimiento a la AVG de las acciones que marca para este sector; revisar con los municipios la Declaratoria y saber qué seguimiento se les está dando; el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), debe llevar a cabo una Mesa de Trabajo para revisar los casos judicializados de los feminicidios y capacitar a los funcionarios con perspectiva de género; establecer mecanismos de supervisión y sanción a Servidores Públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de Violencia de Género".
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