El diputado Marcos Zapotitla Becerro, del VII Distrito con cabecera en Cuautla, llamó a las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia en Morelos a no criminalizar a los ciudadanos ni a ningún gremio cuando sean víctimas de actos delictivos.
Lo anterior, tras declarar el comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, que el ataque armado a un restaurante el sábado pasado en Cuautla no fue directamente contra comensales sino hacia miembros de dos familias en específico.
No obstante, el legislador morenista pidió al vicealmirante, Ortiz Guarneros, refuerce la estrategia de seguridad en la entidad. Recalcó que aunque padecen ciertas limitaciones en materia presupuestal, al demostrar que al día de hoy la Secretaría de Hacienda no ha entregado los recursos para equipar y/o contratar más elementos, no es excusa para no ser eficiente en los operativos.
Zapotitla Becerro manifestó que si bien es necesario tener una amplia comunicación tanto con el fiscal general como con el comisionado de Seguridad Pública para verificar la funcionalidad en la estrategia de seguridad en prevención y persecución de los delitos, una comparecencia podría estar descartada, ya que se ha prestado a un show político tratándose de cualquier funcionario.
DEMANDAN ESTADO DE EMEREGENCIA
La Asociación de Jueces Jubilados de Morelos se pronunció por la falta de paz social que existe y pidió que coloquen a Morelos en un estado de emergencia.
Aida Hernández Salgado, presidente de la Asociación, exigió al comisionado estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, cambie su estrategia e implemente medidas eficaces que disminuyan los hechos delictivos, "cada día aumenta la inseguridad y si no puede, tenga el valor civil y renuncie, no justifique cada homicidio, mejor que evite que suceda".
De igual modo, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado que instruya a sus visitadores con fundamento en el artículo 24, fracción II de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas o de oficio, discrecionalmente aquellas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en medios de comunicación.
Finalmente, al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que actúe conforme a derecho y responsabilidad; al Congreso local, que instauren la revocación del mandato en la propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política; y a la Fiscalía General del Estado, cumpla con su labor en la persecución de delitos y atención a las víctimas apegadas al marco legal.
