La historia de un tío que aplicaba castigo corporal a sus dos sobrinos vertiéndoles aceite caliente en la cabeza parece salir de una historia de terror, pero no es así. Lo real es que estos menores fueron parte de las denuncias que recibió la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia durante 2019.
En algunos casos los menores fueron descuidados por sus padres o tutores y sufrieron algún incidente; en otros más la forma de violencia se basó en la falta de una identidad propia ante el Registro Civil.
Lo anterior es parte de las más de 50 denuncias en promedio que recibió mensualmente la Procuraduría en el año 2019, con incrementos importantes en los que se llegaron a recibir hasta 70 casos por mes, sobre todo en el mes de julio.
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Sara Olivia Para Téllez, titular del área, dijo que de estas denuncias recibidas en total superaron los 600 en el año, empero, solo en un 30 o 40 por ciento de ellas se confirmó la violencia ejercida contra el menor, por lo que en algunos casos se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia.
En promedio fueron 50 denuncias al mes, variando en algunos en los que registramos más de 60 u otros más de 70 denuncias, varían los meses como en julio que tuvimos un incremento de denuncias, pero quiero resaltar que no todas las denuncias se diagnosticaron como positivas, en un 30 o 40 por ciento se confirmó la vulneración de los derechos del niño o adolescente.
Los medios más comunes en los que se recibieron las denuncias fueron a través del número de emergencias 089, otras de forma anónima, directas o por medio de redes sociales, incluso por medios de comunicación. "En la zona conurbada de Cuernavaca, la mayoría de las denuncias", especificó.
Dentro de los casos más severos de violencia, destacó, fue "a dos niños que el tío los quemaba con aceite caliente", haciendo gestos de que el líquido lo vertía en la cabeza de los menores.
Algunos otros encontramos omisión de cuidados; el no registrar a los niños violentan su derecho a la identidad, que a su vez trastoca otros derechos como a la salud y educación.
En ciertas situaciones se dio parte al Ministerio Público para su atención y se buscaron redes de apoyo con el fin de que los menores fueran separados del padre o la persona que se encontraba bajo su tutela, de tal suerte que puedan ser enviados a otro familiar directo, o parte de la familia extendida o ampliada, para un mejor resguardo de sus derechos.
"El 30 por ciento fueron recogidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), recordemos que la Ley nos habla de que el último recurso es la institucionalización del niño, por lo que en algunos casos se enviaron al Centro de Atención y Socialización (CAS), no sin antes buscar redes de apoyo con los familiares".
El agresor puede enfrentar diversas penalizaciones que van desde la prisión o sanción de 7 años si se comprueba que actuó bajo la figura de violencia familiar.
"El Código Penal establece variantes en relación a las lesiones que se pueden establecer en que si la lesión causó un daño que duró menos de 15 días, o más de 15 días, o si afectó algún órgano, tiene diversas penalidades".
Dado lo anterior la dependencia trabaja en el reforzamiento del "Taller de Parentalidad Positiva" para fortalecer y ofrecer a las familias una crianza más allá de la aplicación de castigo corporal hacia los hijos.
Castigar a los niños y adolescentes tiene un límite y es la Ley, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe el castigo corporal; en lugar de ello vamos a fortalecer el Taller y darles a las familias una crianza positiva.
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