Pese a que Morelos ha avanzado en aplicar la paridad de género en los cargos de elección popular, la violencia política hacia las mujeres sigue a la orden del día, siendo un mal que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sanciona y al que le da seguimiento en el actual proceso electoral.
Hasta finales de agosto, el Impepac recibió más de cinco denuncias de diferentes actoras políticas que fueron víctimas de violencia política en razón de género durante la campaña o incluso que actualmente están viviendo, de acuerdo con la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá. Expresó que algunas ya son autoridades electas que son hostigadas por diferentes actores políticos con diversos intereses.
Explicó que dependiendo de la gravedad de la queja o acción las están turnando al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), a la Comisión de Derechos Humanos (CDHM) o a la Fiscalía de Delitos Electorales, para que lleven a cabo las indagatorias correspondientes.
Confirmó que por una queja han implementado ya medidas cautelares, solicitando a las personas que están llevando a cabo las agresiones u hostigamiento que se comporten adecuadamente, mientras que será el TEEM y la Fiscalía de Delitos Electorales quienes darán el último veredicto, pudiendo hasta perder el puesto, en el caso de ser candidatos electos.
“El llamado es que cuentan con nosotros, estamos listos y preparados para recibir cualquier tipo de queja y tomar las medidas correspondientes o encausar la queja a las instancias que correspondan pero estamos pendientes de ese tema, que es prioritario para el Impepac”.
En junio pasado Morelos se unió a 14 entidades a nivel federal que han avanzando en aprobar reformas y decretos para sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que brinda a las mujeres una oportunidad de trabajar y desempeñarse en el ámbito político y público libre de violencias.
Desde enero de 2020 en el estado la violencia política de género se sanciona con una pena de uno a siete años de prisión, lo que quiere decir que al aplicarse la pena máxima está no alcanza libertad bajo fianza. Ahora bien, si es cometida por servidores públicos se instruye una doble sanción, ya que podría ser motivo de privación de la libertad, además de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el mismo periodo de la pena.
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