Luego del intento de linchamiento que se registró el pasado fin de semana en la unidad habitacional Mariano Matamoros, en el municipio de Ayala, la ayudante municipal de esta localidad, María del Pilar Rodríguez, pidió al gobierno del estado resolver el conflicto territorial que enfrenta esta comunidad, ubicada entre el centro penitenciario de Ayala y la carretera federal México-Oaxaca.

El gobierno del estado debe de poner cartas en el asunto, porque tiene mucho que ver aquí, ya para que le de solución a estas casas

Esta unidad habitacional está conformada por varios barrios. Uno de ellos, el barrio de San Juan, cuenta con cerca de 240 viviendas, pero no todas están habitadas. A través de los años, las construcciones que lucen vacías han sido hogar de familias sin hogar que llegan de otras partes del estado, algo que no siempre ha tenido conformes a los vecinos.

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Ya en 2018, el entonces ayudante de la comunidad, Rufino Sosa García, había denunciado que simpatizantes de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), una organización que se define a sí misma como luchadora de la justicia y el desarrollo de las expresiones indígenas, se había asentado en la región después del desalojo que vivieron las familias que vivían en la reserva de El Texcal, en Jiutepec, en el año 2013.

En aquel momento, la UFIC había iniciado la repartición de más de 30 viviendas y, de acuerdo con los vecinos, dicho proceso se habría llevado a cabo en medio de amenazas y disparos al aire.

Dos años después, la situación no ha cambiado, según expuso la ayudante, quien además señaló la falta de apoyo policíaco que hay en la zona, a pesar de la cercanía que tiene con el centro de reinserción social. Este fin de semana, la falta de respuesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) al llamado que hizo Rodríguez cuando la turba de vecinos acusó a un hombre de abusar de una menor, sin mostrar pruebas, casi la cuesta la vida a aquel joven. Según ella, la policía tardó cerca de una hora en llegar:

Dilataron como una hora, cuando para mí los minutos eran desesperantes

Cuestionado sobre los problemas de seguridad que existen en esta zona, el presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, se deslindó de dicha responsabilidad, argumentando que dicho tema está en manos de la CES.