El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, solicitó al Congreso local que no sólo se quede en la cancelación de las "pensiones doradas" que aprobó la LIV Legislatura sino que vaya más atrás desde dos o tres legislaturas porque habría más casos "extraños" de jubilaciones por las cuales se paga mucho dinero actualmente y es un gasto oneroso de los poderes en este tema; recordó que en la antepasada Legislatura las cartas de jubilación salieron del Ayuntamiento de Huitzilac como la pasada sacó la mayoría de Puente de Ixtla.

Pero el funcionario estatal advirtió que incluso estas situaciones pueden incluir a varios de los gobiernos pasados “hay jubilaciones, no solo las aprobadas en las última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo; es un tema que también estamos revisando; es un sinnúmero que insisto no sólo se aprobaron por la legislatura anterior si no la de otros años pero esperaremos que se puedan cancelar porque se integraron con documentos apócrifos”.

Al comentar respecto a las llamadas “pensiones doradas” que autorizó la pasada Legislatura en una lista donde fueron incluidos ex funcionarios y esposas, familiares y amigos del gobierno de Graco Ramírez y de los ex diputados, el funcionario estatal agregó que al mismo tiempo comenzarán una revisión de todos los decretos de pensiones aprobadas en dos o tres legislaturas pasadas.

De acuerdo con la revisión de los dictámenes de jubilaciones y pensiones, algunos se integraron documentos apócrifos que otorgaron de administraciones municipales tan solo en este rubro el Ejecutivo estatal tiene cinco mil 204 jubilados y pensionados que reciben los montos más altos por los cuales eroga 43.9 millones de pesos mensuales.

Como ocurrió en la pasada legislatura que usaron a Puente de Ixtla para las constancias de trabajo, en años pasados se usó a Huitzilac, en donde se ha detectado un gran número de documentos autorizados por administraciones anteriores donde se decía que había trabajado al igual que en la zona Sur. Alejandro Villarreal recordó que en este tema el estado eroga 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una carga financiera para la administración estatal.

Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto, no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones, refirió.