El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos removió de sus cargos al tesorero municipal Andrés Robles y al encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquiltenango, Edgar Alberto Bahena Vázquez, por incumplir con el pago de un laudo, así lo informó el magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz.

Arroyo Cruz explicó que hasta el momento el Ayuntamiento de Tlaquiltenango no ha cumplido con esta sentencia, sin embargo, el TJA ya notificó al Ejecutivo del Estado para que tenga conocimiento de esto, pues en tanto el tesorero no deje su cargo, no podrán ministrar recursos ya que en caso de hacerlo se estaría incurriendo en un delito.

"En Tlaquiltenango sí fue ordenada por el tribunal administrativo la separación del cargo tanto del encargado de despacho de Seguridad Pública como del tesorero, pero los sujetos siguen en funciones, por lo que nosotros ya notificamos a la auditoría superior gubernamental y a Hacienda que a ese funcionario de la Tesorería no le pueden entregar ninguna ministración porque sería delito también", mencionó el presidente del TJA.

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El magistrado agregó que los funcionarios públicos no impugnaron dicha resolución que se emitió hace dos semanas, por lo cual quedó firme en contra de ambos, por tanto deberán dejar sus cargos por este mandato.

“Nosotros ante esto hemos dado vista también a la Fiscalía Anticorrupción porque si se demuestra que han seguido actuando de este periodo incluso se podría comprobar que están incurriendo en un delito con total flagrancia”.

Guillermo Arroyo explicó que ambos funcionarios se negaron a cumplir con la sentencia de un laudo de un efectivo de seguridad pública adscrito a la corporación municipal que fue despedido de manera ilegal.

Este laudo, dijo, se va actualizando y de no cumplirse con la resolución el alcalde Carlos Franco Ruiz también estaría en la cuerda floja para ser destituido del cargo.

El magistrado presidente del TJA indicó que en el caso de Ocuituco el edil Jesús Anzures se encuentra en la misma situación, no ha cumplido con el pago a un elemento de seguridad pública que fue despedido sin razón.

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