Los municipios simplemente están amarrados por una perversión jurídica al Mando Coordinado como en su momento al Mando Único, en la pasada administración; de acuerdo con especialistas en materia de derecho, aunque los gobiernos municipales no tendrían consecuencias legales si decidieran salirse, el gobierno estatal haría valer el decreto vigente desde la administración de Graco Ramírez porque nadie en su momento actúo mediante una acción de inconstitucionalidad por parte de un municipio morelense.
El pasado 13 de marzo del 2019 con “bombo y platillo”, el gobierno estatal con Cuauhtémoc Blanco Bravo a la cabeza y solamente 33 de 36 alcaldes firmaron el llamado convenio de Mando Único Coordinado, estrategia que según se presumió, se encargaría de combatir eficazmente la inseguridad y la violencia que se había agudizado en Morelos.
El acuerdo que por falta de consensos no se había firmado en los primeros meses de la administración de Blanco, se hizo realidad cinco meses después de que hubiera comenzado su administración; en nombre era diferente, pero en forma y en fondo, era el mismo que su reemplazo, el Mando Único que aplicó obligadamente el gobierno de Graco Ramírez, y que tanto cuestionó desde la alcaldía el hoy gobernador.
En ese momento no se agregaron al acuerdo en materia de seguridad Cuernavaca, Ocuituco y Tepalcingo; pero quedaron bajo el resguardo de la comisión Estatal de Seguridad por el decreto vigente en la modalidad de mando único.
En el evento oficial, Cuauhtémoc Blanco decía: “esta fecha es histórica y se convierte en un gran paso para alcanzar el restablecimiento de la paz social de nuestro estado. Es también un gran avance de lo que podemos lograr sumando esfuerzos.”. Nueve meses después de disputas y acusaciones mediáticas el alcalde de Cuernavaca en el mes de diciembre anunció que aceptaría el mando coordinado.
Para el presidente del Colegio de Abogados del estado de Morelos Enrique Paredes, no se debe olvidar que en tiempos de Graco Ramírez, se emitió un decreto con el argumento de que el clima de inseguridad prácticamente absorbió a las policías municipales, al cual denominó Mando Único.
Aunque lo cuestionó y criticó en su momento, Blanco Bravo llegó al gobierno estatal y aplicó la misma que Antonio Villalobos, aunque posteriormente se convenció. Por eso señaló que no habría consecuencias legales para los municipios pero si lo hacen, el gobierno estatal aplicaría el decreto vigente que heredó de Graco Ramírez porque nunca ha sido derogado, y nunca fue acatado mediante una controversia o acción de inconstitucionalidad por nadie.
“Es complicado que los alcaldes puedan salirse de ese juego perverso jurídico que tienen esas personas, porque tienen el decreto, y por las buena tienen el convenio, pero hay que recordar que el fondo de todo esto es el famoso cinco por ciento del fondo se seguridad que les quitan a los municipios, con Graco Ramírez, ese cinco por ciento era para el estado y así mantiene el acuerdo. Y no quieren soltar a la policía, precisamente por eso hay una cuestión económica”.
Enrique Paredes, confió que los alcaldes pueden tomar una decisión pero en virtud del acuerdo vigente, y del acuerdo perverso no pasaría nada tendrían que regresarlos. “Todo lo que hizo Graco Ramírez y por el cual la gente se espantaba Blanco Bravo lo está repitiendo al cien por ciento”.
En todo caso, para que una ley como el Mando Único o Coordinado sea modificada, debe hacerlo el Congreso o mediante una ley de inconstitucionalidad avalado por el máximo Tribunal; o en el peor de los casos, los alcaldes o municipios tendría que iniciar una acción de inconstitucionalidad, pero al momento nadie lo ha hecho.
A su vez, el doctor en derecho, Cipriano Sotelo Salgado de la misma forma, explicó que los municipios no pueden solo salirse así de la noche a la mañana, o únicamente decir que ya no quieren el convenio, por el contrario, requieren de un proceso legal completo para rescindir el convenio.
Cipriano Sotelo, planteó que el problema es que todas las participaciones para los municipios, llegan al Gobierno Ejecutivo y de ahí a los municipios; si la reacción del Gobierno Estatal fuera no entregar la parte que corresponde a los ayuntamientos implicaría problemas graves para los presidentes municipales que no acepten el acuerdo, “de principio no podrían sostener a la policía”.
Falta coordinación verdadera: alcaldes
La participación ciudadana es parte fundamental para la prevención del delito, así como el arraigo de los encargados de la seguridad en cada uno de sus municipios, aseguró el alcalde Zacualpan de Amilpas, Adrián Cázares González, quien señaló en el caso de su localidad la coordinación entre estado y municipio es inexistente lo que ha impedido el correcto funcionamiento del Mando Coordinado Policía Morelos.
Los recientes hechos de violencia en Cuernavaca y el incremento en los índices delictivos de alto impacto en todo Morelos han provocado que este sobre la mesa de los municipios abandonar la estrategia de Mando Coordinado, establecido por la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo como alternativa al Mando Único Coordinado impulsado por su antecesor, Graco Ramírez.
Cázares González detalló que la falta de coordinación entre los presidentes municipales, Cabildo y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) es lo que ha impedido -en todos los casos- que no esté funcionando al cien por ciento el esquema, al ser obligación tanto estatal como municipal que la ciudadanía viva bien.
En cambio la participación ciudadana a través de la coordinación del ayuntamiento con los pobladores ha logrado que Zacualpan de Amilpas sea uno de los municipios más seguros a nivel estatal; .
Sin embargo, existen localidades donde el Mando Coordinado ha generado buenos resultados, tal es el caso de Totolapan donde su alcalde, Sergio Livera Chavarría, aseveró la estrategia ha funcionado en un 50 por ciento pero principalmente ante el arraigo del encargado de seguridad, que ha sido pieza fundamental para la prevención del delito, ya que conoce su comunidad y conoce la problemática en la materia.
GOBIERNO ESTATAL, ALEJADO Y AJENO A LA SOCIEDAD: CCE
La administración estatal, es un gobierno que no ha tenido acercamiento con los diferentes sectores sociales, no sólo con los empresarios y por ende con la ciudadanía, lo que es fundamental para que haya una retroalimentación para enfrentar y resolver los problemas que afectan a la población, como la seguridad, economía, tranquilidad y paz social, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez.
Destacó que ante la complicada problemática que se enfrenta en el estado, el Consejo Coordinador Empresarial ha estado en comunicación con diferentes sectores y todos se han dado cuenta que esta circunstancia de cerrazón, no sólo se da con los empresarios como inicialmente se creía, sino con todos los sectores de la sociedad, lo que es muy lamentable.
Por ello puntualizó en que no hay el acercamiento, no hay el diálogo y los consensos necesarios para poder tomar decisiones en conjunto, al ser un gobierno que no está al tanto de sus ciudadanos, los resultados que se han tenido carecen sobre todo de ese factor tan importante, que es el respaldo social, en los temas torales para el estado.
"Por supuesto que hemos solicitado en muchas ocasiones que se reajuste la estrategia policíaca en términos de seguridad; muchas veces consideramos que hay que replantear la estrategia, cuando ni siquiera sabemos si hay una".
No hay estrategia ante la delincuencia: CCS
Desde el punto de vista de que todo es perfectible, el problema no es si continúa el mando coordinado o no, el problema, es que haya una real coordinación entre todas las instancias, municipales, estatales y federales, para prevenir y combatir el delito, que de verdad cada quién asuma su responsabilidad, porque en estos momentos de dificultad, ningún municipio tendría la capacidad, para enfrentar el problema solo, además de que se requiere contratar más policías, que tengan mejores sueldos e incentivos y que haya una mayor y mejor infraestructura para esta delicada labor, señaló el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia (CCS), Rafael Rueda Moncalián.
Rueda Moncalián también insistió en que el problema no es si es viable o no. Lo elemental es que haya una mayor coordinación, pero de manera real, de todas las autoridades con el involucramiento de los alcaldes en materia de seguridad, que participen en los Consejos Estatales, en las Mesas de Seguridad, ellos y los encargados de la seguridad en sus municipios.
Que cada uno de ellos participe y exponga la problemática que enfrenta en su municipio, que cada uno de ellos lleve sus estadísticas de incidencia delictiva; cuál es el comportamiento del hampa en su comunidad; que intercambien información, que den sus puntos de vista de los focos rojos, que asuman su responsabilidad.
Con información de José L. Rojas
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